El BOE publica las órdenes con las que comienza un nuevo modelo de financiación del cine

El mundo del cine, que lleva años clamando por un nuevo modelo de financiación que aclare las dudas sobre las ayudas que reciben cineastas y productores para rodar una película, tiene ya una fecha señalada: el próximo 1 de enero, con el Año Nuevo, llegarán al fin las nuevas normas, negro sobre blanco.

La publicación ayer en el BOE de las dos órdenes firmadas por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el pasado 18 de diciembre, supone la culminación del cambio de modelo que ya quedó regulado por la reforma de la Ley del Cine, aprobada el pasado mes de mayo, y desarrollada por el reglamento aprobado a principios del presente mes de diciembre.

"No podíamos dejar en el aire una norma que ya estaba cambiada por una ley del mes de mayo", señaló a Efe la directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Lorena González, máxime cuando las reglas del juego estaban concertadas y debatidas con todo el sector.

Otra opinión tienen los productores, para quien, después de dos años de negociaciones, el texto se publica con unas "prisas" que "se podrían haber evitado, sobre todo porque se hubiesen evitado errores que hemos visto y otros que, supongo, se tendrán que ir corrigiendo", consideró el presidente de Fapae, Ramón Colom, en declaraciones a Efe. Aún así, Colom entendió el esfuerzo del Gobierno por "aclarar las cosas", aunque considera que se "necesita una dotación presupuestaria mayor" que la que hay prevista para la entrada en vigor de la Ley del Cine.

Con la primera orden, el régimen de ayudas denominadas "a la amortización" se ha sustituido por una nueva línea de ayudas anticipadas a la producción. Este cambio permitirá la financiación progresiva de las producciones cinematográficas durante el proceso productivo, y no transcurridos dos años desde el estreno de las películas, como venía sucediendo.

La segunda orden, por la que se regula el reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor, permitirá, en principio, controlar mejor el gasto al reconocer la necesidad de "dotar de mayor transparencia la acreditación del coste", en un intento de que no se reproduzcan los fraudes detectados en algunas declaraciones de ingresos por taquilla del pasado.

Colom reconoció que, sin el texto publicado ayer, el sector se quedaría en un "vacío legal difícilmente salvable en la actual coyuntura política". El presidente de los productores audiovisuales españoles se felicitó de que la orden incluya algunas de las alegaciones presentadas por ellos, como que se haya reducido de 700.000 a 400.000 el presupuesto mínimo de acceso para el caso de los documentales, o que se haya eliminado la diferencia para producciones con versión original en lenguas cooficiales.

En líneas generales, el nuevo modelo distingue dos tipos de ayudas: las generales y las selectivas, que son excluyentes entre sí. Las generales están pensadas para producciones ambiciosas, con un coste mínimo de 1,3 millones de euros y 700.000 si es en lengua cooficial. Para acceder a ellas debe acreditarse una financiación garantizada de al menos el 40 % mediante contratos anticipados con televisiones y distribuidores, entre otros. El 50% de los gastos presupuestados debe hacerse en España, y al menos un 15%, con un límite de 800.000 euros, debe destinarse a copias y publicidad. Se requiere un estreno simultáneo como mínimo en 40 salas.

En cuanto a las ayudas selectivas, están pensadas para proyectos con especial valor cultural, social, documental o de nuevos realizadores. La orden obliga a reservar al menos un 15% de la dotación anual del fondo de ayudas para este tipo de subvenciones, y de esa cantidad una horquilla entre 15 y 25% a documentales. La cuantía de la subvención puede alcanzar un máximo de 500.000 euros, siempre que no supere el 40% del coste del proyecto. Los requisitos que se piden son un coste máximo de 1,6 millones de euros y un 10% del presupuesto garantizado mediante contratos con televisiones o distribuidoras. También, que al menos un 50% de los gastos se realicen en España o en equipos españoles y un 10% mínimo en publicidad y copias.