Los funcionarios de Justicia han iniciado este lunes una huelga indefinida para exigir el reconocimiento real y retribución de las funciones que llevan a cabo. Asimismo, en estos días se prevén concentraciones de protesta en Cádiz y Algeciras (este martes, a las 11:00 horas, frente a los juzgados de San José en Cádiz y ante la Audiencia Provincial con sede en Algeciras) como antesala de la manifestación que se prepara el próximo jueves en Madrid y a la que acudirán funcionarios de toda España.

Este lunes se han desarrollado asambleas informativas en distintas sedes judiciales sobre los motivos que hay detrás de esta movilización, que se prolonga desde el pasado mes de abril y ha ido creciendo en intensidad "ante la falta de respuesta del Ministerio que dirige Pilar Llop", dicen los sindicatos convocantes.

Una de las oficinas de la Audiencia Provincial.

Staj, Csif, Comisiones Obreras y UGT exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta "digna y aceptable para negociar". Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de 500.000 juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España. En la provincia de Cádiz, Csif calcula que se han podido ver afectados más de medio millón de expedientes y trámites; además, se han suspendido cientos de juicios.

Por su parte, Staj recuerda que este lunes ha arrancado una huelga indefinida de cinco días con un seguimiento sostenido de más de un 85% de las plantillas, lo que ha llevado a la Administración de Justicia a un "colapso absoluto cuyos únicos responsables son los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, que siguen dando un trato discriminatorio y clasista al 93% del personal que constituye los cuerpos generales y especiales", afirma Carmen Castillo, responsable sindical de Staj.

"La ministra de Justicia lleva semanas haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el Ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a otros colectivos”, dice el responsable de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, en alusión a los Letrados de la Administración de Justicia así como a jueces y fiscales, que sí han logrado mejoras retributivas por parte del Gobierno.

Para Csif, el colectivo está siendo discriminado voluntariamente por el Gobierno a pesar de que está formado unos 45.000 trabajadores en el conjunto de España, unos 1.500 en la provincia gaditana. “Nos tratan como funcionarios de segunda frente a otros cuerpos, a pesar de que llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente”, ha señalado Lobato para luego añadir: "Si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca”.