El pasado en la cárcel del futuro comprador de la Venta de Vargas

Antonio Foncubierta regresa a su ciudad, San Fernando, con la ilusión por bandera. La inminente adquisición, junto a dos socios, de la emblemática Venta de Vargas le abren de par en par las puertas de la hostelería isleña, un campo que le ha reportado cierto éxito en los últimos años en Madrid pero que hasta ahora no había explotado en su ciudad natal. Sin embargo, este mismo nombre, el de Antonio Foncubierta, puede que origine mucho desasoiego en medio centenar de familias de San Fernando y de otras localidades del entorno.

Y es que quien en cuestión de pocos días se convertirá en el nuevo propietario de la Venta de Vargas vivió hace ahora tres décadas un negro episodio que hizo que terminara dando con sus huesos en prisión. Aquel caso, conocido por el nombre de Don Tomás, estalló en la primera mitad de la década de los noventa. Antonio José Foncubierta Fernández, natural de San Fernando, formado en el colegio Liceo y licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, ejercía entonces como promotor inmobiliario, con una oficina que se levantaba en la calle Las Cortes. Y en esa fecha saltó a la luz pública la denuncia presentada contra él por medio centenar de familias que habían adelantado el dinero para una promoción de viviendas que se iba a llamar precisamente así, Don Tomas. Esos hogares se iban a levantar en la carretera de Camposoto, en una finca conocida como Granja Tagle.

Tras una larga instrucción en los Juzgados de San Fernando, que estuvo jalonada de innumerables protestas y concentraciones por parte de los afectados, Foncubierta fue juzgado en 2003 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz, que le terminó condenando por un delito de apropiación indebida. En concreto, la pena impuesta fue de seis años de prisión por este delito y el pago a los afectados de un total de 195.518 euros en concepto de indemnización. En ese juicio el Ministerio Fiscal pidió sólo cuatro años y dos meses de prisión para el acusado, mientras que la acusación particular, ejercida por el medio centenar de familias afectadas, pedía para este promotor inmobiliario ocho años de cárcel, además de una indemnización mayor. Por su parte, la defensa, que asumió el abogado gaditano José Manuel Jareño, reclamó en todo momento la libre absolución para su cliente.

A lo largo del juicio quedó demostrado que Antonio Foncubierta se quedó con unos 360.000 euros abonados por los que iban a ser los propietarios de la promoción Don Tomás. Sin embargo, esas viviendas jamás se construyeron por un desfase en el presupuesto de obras. En concreto, y siempre según la versión dada por el propio Foncubierta en el juicio, la razón estuvo en que el Ayuntamiento de San Fernando reclamó un pago por aprovechamiento urbanístico mucho mayor del que él había previsto. Y en vez de reunir a los compradores para explicarles la situación y pedirles que aumentaran su aportación económica, intentó solucionarlo compensndo esas pérdidas con lo que ganaría en otra promoción de viviendas, pero todo salió mal.

Aunque inicialmente Foncubierta iba a recurrir esa sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz ante el Tribunal Supremo, finalmente renunció a ello. La condena de seis años de prisión hizo que terminara siendo encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real, aunque su estancia allí no fue para nada prolongada. El hecho de que hubiera devuelto parte del dinero que se apropió de manera ilegal, una buena conducta y una serie de atenuantes como que ya residía en Madrid con su familia, que había abierto una empresa y que contaba con un hijo recién nacido, hicieron que en poco tiempo pasara a un régimen abierto en el centro de inserción social Victoria Kent de la capital española.

En Madrid, Antonio Foncubierta se ha ganado la vida en estos últimos veinte años como jurista aunque también ha tenido tiempo de abrir su propio negocio de hostelería. El restaurante, ubicado en las inmediaciones de El Retiro, se llama El Güichi tapeo gaditano y su principal característica es que cuenta con una carta inspirada íntegramente en comidas y productos típicos de la provincia de Cádiz.

Ahora, mientras prepara el regreso a su ciudad natal, Antonio Foncubierta no rehúye en absoluto de su pasado, aunque matiza que aquella condena estuvo motivada por una promoción "que salió mal", que fue condenado "por apropiación indebida impropia y no por estafa" y que con el paso de los años fue restituyendo "gran parte" del dinero adelantado por los afectados de aquella promoción fallida. Y apostilla que ya cumplió su condena, que todo está superado y que considera que lo sucedido hace ahora 30 años no debe afectar para nada a esta nueva etapa que se le abre como inminente propietario de la Venta de Vargas.