La Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico tiene muy claro qué quiere hacer en la playa de La Casería, así que no hay marcha atrás con la demolición de las casetas y construcciones que ocupan la zona de dominio público marítimo terrestre. Incluso tiene ya luz verde para acometer la inmensa mayoría de los derribos toda vez que los recursos han sido desestimados y el proceso administrativo ha llegado a su término. Solo permanece a la espera de lo que está en los tribunales: la concesión de la Cantina de El Titi-El Bartolo y el Merendero La Corchuela, que ha recurrido también a la vía judicial.     

La pretendida declaración de zona de interés público con la que desde el Ayuntamiento de San Fernando se intenta salvar el pintoresco conjunto no deja de ser un debate estéril y circunscrito al terreno de la política. Para salir adelante necesita en todo caso el informe favorable de Costas. Y no va a emitirlo. Así lo han confirmado hoy fuentes oficiales de la Demarcación, que descartan cualquier decisión en este sentido a estas alturas y recuerdan que los pasos que se están dando no responden a una actuación arbitraria por parte de Costas sino que obedecen a la insistencia del Consistorio isleño por acometer la recuperación de este entorno. 

Así que la Demarcación de Costas reitera que la solución pasa por reubicar las casetas de pescadores -solo 7 han notificado que le dan ese uso durante la tramitación de los expedientes- y retranquear los negocios de hostelería afectados en la zona de servidumbre, cuestiones ambas que precisan de la implicación del Ayuntamiento isleño. 

De ahí el proyecto de regeneración de la playa de La Casería que actualmente se está redactando sobre una doble premisa: la de recuperar la franja del litoral y la de darle un uso público para que pueda ser disfrutado por todos.

Detalle del paseo proyectado a lo largo de la playa de La Casería.

Costas cuenta ya con el primer borrador de dicho proyecto, que de hecho hoy mismo ha trasladado al Ayuntamiento isleño en el transcurso de una reunión que ha mantenido el jefe de la Demarcación, Patricio Poullet, con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. En dicho encuentro se le ha pedido al Consistorio que aporte sus propuestas y sugerencias al proyecto. 

El proyecto contempla la adecuación de un paseo a lo largo de toda la zona hasta llegar a la zona del cementerio de San Carlos (o de los ingleses) y -lo más llamativo- la regeneración de la playa hasta la zona del club náutico (11.685 metros cuadrados) con un importante aporte de arena para rellenar el espacio que discurre desde El Bartolo hasta este punto, lo que se presupone un cambio sustancial. 

El paseo contaría con una zona peatonal y otra para carril bici sobre pavimento de terrizo, que delimitaría con el mar a través de un pequeño murete de escasa altura y una escollera. 

La actuación incluye también la adecuación de un par de miradores, una zona de aparcamiento y la eliminación de los restos del antiguo embarcadero de la Fábrica de San Carlos para dar paso en esa zona a un equipamiento a consensuar con el Consistorio. 

Aunque la propuesta todavía no es definitiva, el trabajo está muy avanzado y desde Costas se cree que incluso sería posible que la redacción se pudiera completar este verano, siempre y cuando el Ayuntamiento traslade en breve sus aportaciones al proyecto. 

Su coste tampoco se ha cerrado aunque de entrada se calcula que la actuación rondará un millón de euros. 

Algunas de las casetas de la playa de La Casería.

La concesión de 'El Bartolo', sin informe favorable de Costas 

La Demarcación de Costas ha aclarado que ha presentado un contencioso administrativo contra la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía por la concesión otorgada al local de la cantina de El Titi-El Bartolo en 2019 porque ésta se concedió a pesar de que existía un informe desfavorable al respecto. Es decir, que nunca se debería haber dado. De hecho, Costas apremiaba ya en 2019 a Medio Ambiente a "la extinción de la concesión por parte de la Junta", cosa que no hizo. 

Tanto es así que Costas ignoraba la existencia de dicha concesión administrativa dado que tampoco se le había notificado, como en un primer momento -cuando se lanzaron los expedientes de recuperación posesoria en el pasado mes de noviembre- llegó a afirmar. No tuvo conocimiento de dicha prórroga hasta que recurrió el titular del negocio. 

De ahí el contencioso, que se suma a otra decena de casos similares que se reparten por todo el litoral andaluz. 

Las demoliciones en la playa de La Casería están a la espera de que se resuelva este recurso y el presentado también por el Merendero La Corchuela porque se quieren acometer todas a la vez. Así que son los dos negocios asentados en la zona lo que impiden que por ahora comiencen los derribos porque en el resto de casos los recursos administrativos se han desestimado y no se tiene constancia de que se haya recurrido a la vía judicial. 

La declaración de interés público

La Demarcación de Costas ha aclarado también que trasladó a la Delegación Territorial de Medio Ambiente el pasado 29 de diciembre la petición del Ayuntamiento isleño para tramitar la declaración de interés público de la zona de La Casería notificándole que era la administración que tenía las competencias para acometer este proceso y recabar los informes necesarios. De ahí su sorpresa ante las declaraciones realizadas por el delegado territorial, Daniel Sánchez Román, en las que aseguraba que Medio Ambiente no había recibido todavía ningún escrito en este sentido. 

Al margen del debate en torno a las fechas, el delegado territorial ha anunciado hoy mismo que ha dado inicio al citado expediente tal y como se le pedía desde el Ayuntamiento y después de que Costas le notificara que era de su competencia. Para ello ha solicitado los correspondientes informes tanto al Ayuntamiento isleño como a la Demarcación de Costas, que ya ha anticipado que no se va a pronunciar a favor.

La legalización -recuerda- podrá ser total o parcial pero precisará del acuerdo de las tres administraciones: Ayuntamiento, Junta y Costas. Para remitir los informes disponen del plazo de un mes y "se entenderá desfavorable a la legalización si no se emite en este plazo".

Entre tanto, ha afirmado Daniel Sánchez Román, las demoliciones "deberían quedar en suspenso".