El Tribunal Supremo avala el V Acuerdo Marco de la Estiba aprobado en 2022

El acuerdo había sido impugnado por la patronal minoritaria Asoport, que había propuesto un convenio alternativo

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Tres estibadores se dirigen hacia sus puestos en APM Terminals Algeciras.
Tres estibadores se dirigen hacia sus puestos en APM Terminals Algeciras. / Erasmo Fenoy

El Tribunal Supremo ha avalado el quinto Acuerdo Marco de la Estiba, aprobado en abril de 2022, que regula las relaciones laborales de la estiba portuaria y sirve de base a los convenios colectivos de cada puerto. El acuerdo había sido impugnado por la patronal minoritaria Asoport, que había propuesto un convenio alternativo, postura que contó con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El ministerio público solicitó al Supremo que estimara parte del recurso de casación interpuesto por Asoport, al entender que vulnera la libertad de contratación y la competencia.

El acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria se refiere a las actividades que comprende el servicio portuario de manipulación de mercancías, regulado por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y que, por consiguiente, afecta al sector estratégico del transporte y comercio marítimo.

En junio de 2021 la Audiencia Nacional ya anuló parte del IV Acuerdo Marco de la estiba, incluida la disposición que preveía la subrogación forzosa de todos los trabajadores que formaban parte del sector antes de su liberalización, al considerar que ocasionaba "un grave perjuicio económico" a las empresas.

El sindicato Coordinadora, mayoritario en el sector, considera que el nuevo convenio ha conseguido adaptar las disposiciones convencionales al marco jurídico español y europeo, así como a las novedades introducidas por la recientemente aprobada reforma normativa de los Centros Portuarios de Empleo y a la reforma laboral. A su vez, la patronal mayoritaria Anesco también se ha mostrado satisfecha con el resultado.

El V Acuerdo Marco adapta el nuevo marco legal del sector con el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de la Audiencia Nacional, y garantiza la libre competencia, tal y como solicitó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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