Tres propuestas para la estiba

La mesa negociadora de la estiba que mantienen los sindicatos y la patronal Anesco, bajo la mediación del Consejo Económico y Social (CES) y con la presencia intermitente de representantes del Gobierno, comienza la semana con el reto de superar la situación de bloqueo en la que entró el pasado jueves.

En apenas ocho días se han presentado tres propuestas de acuerdo para la reestructuración laboral del sector como complemento al decreto que debe impulsar el Gobierno central tras el fracaso del primer intento. La primera reforma fue tumbada por el Congreso de los Diputados, dado que el Ejecutivo no logró los apoyos políticos necesarios por la falta de consenso a la hora de determinar cuestiones como el futuro laboral de los estibadores o la dimensión de las plantillas en un mercado liberalizado.

El objetivo de la mesa pasa por refundir los textos en uno que satisfaga a todas las partes y permita alcanzar un acuerdo entre la patronal y los sindicatos de la estiba, lo que daría la llave al Gobierno para volver a tramitar la reforma y contar con suficientes apoyos para superar la convalidación parlamentaria.

Formaciones como el PSOE y Ciudadanos condicionan su voto favorable a que exista un consenso en cuestiones como la estabilidad de los puestos de trabajo. El tiempo juega en contra, dado que durante todo este proceso de negociación -o durante la tramitación parlamentaria- puede producirse un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que haga firme la multa de 21,5 millones impuesta a España y añada nuevas sanciones por no reconvertir esta actividad, tal y como reclama desde diciembre de 2014.

El Gobierno, pese a ser el último en incorporarse a la comisión del CES, fue el primero en entregar una propuesta de acuerdo tripartito, el pasado 15 de marzo. Los sindicatos respondieron con otra el martes 21 y la patronal Anesco hizo lo propio el pasado jueves. Las tres se estructuran en cuatro artículos, si bien el orden en el que se presentan y su contenido suponen un reflejo de las prioridades que posee cada actor de la negociación.

Subrogación

La subrogación laboral es la principal demanda de los sindicatos, dado que conforma el primer punto de su texto. La parte social plantea el traspaso de todos los estibadores (6.150 en España) a las empresas que sucedan a las Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, que actualmente tienen en sus plantillas a todos los estibadores de cada puerto).

La parte social plantea además que la subrogación se garantice mediante una disposición con rango normativo; por tanto, que aparezca en el decreto y además rechazan que los Centros Portuarios de Empleo (CPE) previstos en el primer decreto de liberalización del sector se rijan por la normativa de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

La patronal no recoge la subrogación por ley de todos los empleados, lo que supone uno de los principales escollos de la negociación en estos momentos. Es más, Anesco sólo está dispuesta a garantizar el empleo a los trabajadores necesarios en cada puerto a resultas de medidas de reestructuración de plantilla (jubilaciones) y de productividad.

Anesco preconiza que los estibadores se mantengan en las Sagep que no se extingan o se subroguen en los Centros Portuarios de Empleo que se creen por las empresas o los que se deriven de una Sagep extinguida. O también puedan ser contratados ex novo por las empresas que presenten el servicio en los puertos. La subrogación, en todo caso, se producirá una vez redimensionadas las plantillas de los puertos, lo que no supone garantía de continuidad para todos.

El Gobierno sitúa la subrogación laboral en el ámbito de la negociación colectiva. Plantea como fórmula de continuidad la subrogación de los trabajadores de las Sagep a las empresas que las sucedan en el servicio de estiba. Y las condiciones de esa subrogación deben ser determinadas en el convenio colectivo sectorial, con sólo garantías salariales y de Seguridad Social en caso de discrepancia.

Para el Gobierno, con estas propuestas el 100% de los empleos estaría garantizado, mientras que los sindicatos consideran que al tratarse de un anexo al decreto, en caso de disputa prevalecería este último sobre cualquier otro acuerdo. El Ejecutivo defiende que no puede incluir la subrogación en la Ley, pero sí en acuerdos con rango normativo, sin que se haya especificado de qué naturaleza jurídica por parte del Ministerio de Fomento, pese a suponer a priori una contradicción con la imposibilidad de obligar en una ley a subrogar a trabajadores.

Productividad

Las tres propuestas de la mesa de trabajo coinciden en que corresponde a la empresa titular de la licencia del servicio portuario de estiba, como empleadora, la dirección, organización y control de la actividad laboral, conforme al artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.

El Gobierno destaca que sin perjuicio de la autonomía de las partes para negociar sus convenios colectivos, los sindicatos y las empresas se comprometan a impulsar medidas concretas para mejorar la productividad, sin proponer ninguna.

Los sindicatos tampoco lo hacen en su iniciativa, que al igual que el Ejecutivo dedica su segundo artículo a la productividad. Las centrales proponen que para este fin se modifique el convenio colectivo estatal.

Anesco, sin embargo, sitúa las medidas para mejorar la productividad en los puertos como el primer artículo de su proposición. Y lo hace además sin escatimar en detalles con un total de 12 puntos para su puesta en marcha en un plazo de tres meses que los sindicatos consideran una revisión a fondo y de facto de su convenio colectivo, por lo que se oponen de lleno.

Las empresas plantean medidas como realizar los llamamientos y nombramientos por empresa o terminal, en lugar de por buque, y con movilidad de los trabajadores entre las manos (grupos) que haya en cada terminal. También piden el uso de manos cortas cuando la actividad prevista sea inferior al 50% de la jornada habitual, que podrá ser de 6 a 8 horas y con pautas para su flexibilidad.

Sobre los sueldos, Anesco plantea congelar el salario fijo durante todo el periodo de transición que se determine en la reforma y que los contenedores de seis metros izados de dos en dos (tipo twin) computen como una unidad y media a la hora de pagar la parte variable del sueldo. La patronal también exige la supresión de capataces en la manipulación de graneles.

El quinto punto de las medidas de productividad apunta que para aquellos puertos, terminales o tráficos concretos que no hayan sido incluidos en las mejoras que detalla el documento, se adopten medidas que supongan "mejoras operativas y de aumento de flexibilidad cuya repercusión sea de una reducción del 30% del coste de las operaciones". En caso de no acordarse en el plazo de tres meses, Anesco plantea una "reducción automática" de la masa salarial en la misma cuantía.

Ayudas al sector

Las tres entidades representadas en la mesa de trabajo reconocen que hacen falta ayudas públicas para reestructurar el sector.

El Gobierno y los sindicatos optan por un modelo de jubilaciones voluntarias, mientras que Anesco plantea bajas forzosas y voluntarias.

La propuesta del Ejecutivo plantea jubilaciones voluntarias con el 70% del salario para los estibadores a los que le falten cinco años para su edad legal de jubilación (55 en este caso, por estar acogidos al Régimen Especial del Mar). Los sindicatos elevan el porcentaje del salario al 80%.

Las centrales sindicales proponen destinar el 2% de la masa salarial anual de la estiba al programa de bajas voluntarias, a razón de un 1% por parte de los estibadores y otro tanto por las empresas. Sólo en casos muy concretos las jubilaciones podrían ser obligatorias, a expensas de acuerdos y convenios complementarios que los sindicatos no desarrollan en su iniciativa.

La patronal, por su parte, propone la jubilación forzosa de todos aquellos estibadores que, en el momento de aprobarse la reforma y durante todo el periodo transitorio que se determine, estén en condiciones de percibir el 100% de la pensión.

Y sobre las bajas voluntarias, Anesco se rige por la misma propuesta que el Gobierno (70%), si bien alerta de que en caso de que las medidas no cubran el 100% de las necesidades de adaptación del empleo, cosa que no cuantifican, se puedan adoptar nuevas medidas que sean sufragadas íntegramente por el Estado.

Seguimiento

La conveniencia de supervisar el desarrollo de los acuerdos es lo poco en lo que coinciden, con matices, las tres propuestas. El Gobierno, los sindicatos y la patronal proponen constituir una comisión de seguimiento. El Gobierno y los sindicatos sugieren que haya dos representantes de cada parte (seis en total) mientras que la patronal eleva esta cifra a tres por cada entidad con representación (nueve personas) y que se sume a este grupo de seguimiento el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña. Precisamente, la persona que tiene en su mano el rumbo de la negociación que se retomará este martes.