Gibraltar prohíbe el trasiego entre barcos lejos de las aguas que reclama

El Gobierno de Gibraltar anunció ayer que, para continuar cumpliendo con su compromiso con el medio ambiente, ha aprobado una legislación que obliga a que la transferencia de carga entre buques contratados por empresas con base en Gibraltar, tenga lugar en las aguas que rodean el Peñón y que la colonia reclama, para que se produzcan bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria.

El cambio en las reglas del puerto prohibirá el uso de las aguas exteriores de cualquier equipo destinado a ser utilizado en el proceso de transferencia de buque a buque -entre ellas, el abastecimiento de combustible o bunkering- y bajo la custodia de un operador portuario. Esto obligará a que la operación se realice dentro de la zona donde se aplican las normas de seguridad establecidas y la operación puede monitorizarse.

"Esta enmienda es parte del Gobierno en curso compromiso con la protección del medio ambiente y servirá para mantener los altos estándares para que Gibraltar ha dado a conocer", declaró el ministro de Turismo, Asuntos Comerciales, Transporte Público y Puerto, Neil Costa.

Por otro lado, y en referencia al trasiego que supone la actividad de las llamadas "gasolineras flotantes" para el almacenamiento de combustible en el mar, Verdemar-Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la actividad de las embarcaciones Vemaspirit, SpabunkerTwenty, Aeolos y Jacques Jacob en la Zona de Especial Conservación del Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032 Estrecho Oriental.

El presidente del colectivo ecologista, Antonio Muñoz, firma la denuncia en la que alertan del posible incumplimiento del Real decreto 160/2012, de 30 de noviembre por el que se prohíbe "el fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro de combustible en las aguas comprendidas dentro del espacio protegido".

Mediante la inclusión en la denuncia de imágenes del sistema automático de identificación de buques, Verdemar prueba la estancia de estas embarcaciones dentro de la zona protegida, donde asegura su presencia permanente para suministrar combustible.

Por ello, solicita al ministro José Manuel García-Margallo que lleve a cabo las actuaciones necesarias para proceder a restablecer la legalidad. Muñoz aseguró a este diario que, si no reciben la pertinente respuesta del Gobierno de España, el colectivo estará dispuesto a remitir el incumplimiento del Real Decreto español a la Unión Europea.