Fomento ofrece prejubilaciones a los 50 y el 100% del empleo en la estiba

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, buscó ayer in extremis salvar la reforma del sector de la estiba y evitar una derrota política del Gobierno al plantear en la mesa negociadora de la patronal y los sindicatos una propuesta de acuerdo tripartito que no prosperó. Entre sus principales promesas, De la Serna ofreció a los estibadores la prejubilación voluntaria a los 50 años con el 70% del salario y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo restantes con la subrogación en las empresas. Se trataba de una iniciativa complementaria al real decreto ley que llegará hoy a primera hora al Congreso de los Diputados para someterse a la votación de convalidación o derogación. En paralelo, el Gobierno mantuvo negociaciones con los grupos políticos en una búsqueda desesperada de apoyos.

La iniciativa no pudo ser ratificada por las partes como un acuerdo para suavizar el decreto dado que la reunión elegida por De la Serna para sumarse al diálogo -que le demandaban desde hacía días el resto de fuerzas políticas y los agentes sociales y económicos- estaba convocada sólo para los representantes legales de la patronal Anesco y los cinco sindicatos, con Coordinadora al frente. Sin potestad, por tanto, para suscribir ningún compromiso. Hubo miembros de Anesco porque se encontraban en Madrid, pero al secretario general del sindicato Coordinadora, Antolín Goya, el giro del Gobierno le pilló en Tenerife.

Lo único que acordaron los sindicatos y la patronal fue ponerse en contacto en la tarde de hoy, una vez que se conozca si el decreto ley de reforma de la estiba es aprobado o rechazado por el Congreso. En función del resultado de esa votación, los sindicatos decidirán si mantienen los paros aún convocados en los puertos y se fijarán nuevas reuniones.

De la Serna acudió acompañado por el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y el director general de Empleo, Xabier Thibault. La propuesta de acuerdo del Ejecutivo, a la que tuvo acceso este periódico, incluye cuatro medidas. La primera de ellas es la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores mediante la subrogación en las empresas de estiba que sucedan al modelo actual, basado en las Sociedades de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep).

La segunda propuesta, atendiendo a su calado social -en el documento es la tercera- se refiere al ya citado plan de prejubilaciones voluntarias. Según el Gobierno, podrán acogerse los estibadores a partir de los 50 años a cambio del 70% del salario medio total de últimos seis meses. La propuesta se dirige hacia los estibadores que estén a 60 meses (cinco años) o menos de su edad de jubilación, que en el caso de este colectivo es a los 55.

De la Serna no facilitó el importe que puede suponer la ayuda que el Estado otorgará para este plan de prejubilaciones, dado que "por su carácter voluntario", no se puede determinar el número de trabajadores. "No obstante, el importe de la multa que la UE puede imponer a España por incumplir el sector de la estiba la normativa comunitaria siempre sería mayor que el importe al que ascenderán las ayudas por bajas voluntarias", aseguró el ministro, quien sostuvo que se trataba de un esfuerzo "importante".

La propuesta del Ejecutivo se completa con un compromiso entre las empresas y los sindicatos para acordar medidas para mejorar la productividad en los puertos, y el del Gobierno a garantizar el cumplimiento del eventual acuerdo mediante la constitución de una comisión de seguimiento.

"En nuestra opinión, el documento presentado por el ministro no cumple en modo alguno la garantía de mantenimiento del empleo", valoró Víctor Díaz, uno de los asesores legales de Coordinadora. El sindicato además afeó en una nota que el ministro se sumara a las reuniones en una cita donde no estaban convocados los delegados sindicales.

En cuanto al plan de prejubilaciones voluntarias, el asesor de Coordinadora apuntó que puede ser una medida "positiva, pero insuficiente", dado que consideró "difícil" que un trabajador del gremio decida dejar de trabajar voluntariamente. La UGT agregó en una nota que la irrupción de De la Serna en la reunión sólo buscaba "maquillar su nefasta gestión".

El representante de la patronal de empresas estibadoras Anesco, Pedro García, se limitó a agradecer la presencia del Gobierno y a indicar que "estudiarán la propuesta que ha presentado".

PLENO EN EL CONGRESO

El decreto ley de la reforma del sector de la estiba, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero, llegará hoy por la mañana al Congreso de los Diputados para someterse a la votación de convalidación o derogación sin que, al cierre de esta edición, pueda trazarse con claridad el resultado previsto en el hemiciclo.

Para que el decreto siga en vigor es necesario alcanzar la mayoría simple, para lo el PP requiere del apoyo del PSOE o de Ciudadanos y otros partidos minoritarios del grupo mixto.

Ciudadanos, que hasta ahora había supeditado su apoyo al decreto ley a un acuerdo entre patronal y sindicatos del sector, anunció ayer a través de su secretario general, José Manuel Villegas, que lo respaldaría hoy si el Gobierno hacía una oferta en firme al sector, garantizaba el mantenimiento del empleo y se comprometía a un seguimiento del pacto al que se llegue. Tres condiciones que casan con la oferta que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hizo a la patronal y sindicatos.

Pero Villegas también condicionó el apoyo, aunque no con el mismo rango, a un acuerdo entre las partes. Los tres primeros puntos se cumplieron. El cuarto, no.

Ciudadanos ha mantenido hasta el momento un discurso contrario al decreto, con una votación incluso a favor de la retirada de la reforma en el Parlamento de Andalucía, el pasado 8 de marzo.

En paralelo, el Ejecutivo mantuvo contactos con el PNV que, si dan sus frutos, finalmente podría llevar a los cinco diputados nacionalistas vascos a apoyar el decreto-ley. De concretarse un acuerdo con nacionalistas y la formación naranja, el decreto podría sumar hasta 174 apoyos, los correspondientes a los votos del PP y de sus socios de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, más los 32 de Ciudadanos -donde se centran todas las miradas- y los cinco del PNV. En la votación no se requiere una mayoría reforzada, sino que basta lograr más votos a favor que en contra.

El resto de la oposición condiciona su apoyo a que exista un acuerdo entre representantes del sector y los trabajadores, por lo que se mantuvo de momento en el no. Una postura que supondría alcanzar 176 negativas, si no hay ausencias. Se trata de las resultantes del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el resto del grupo mixto. Los independentistas del PDeCAT, dentro del grupo mixto, adelantaron que "ni en broma" facilitarán la convalidación del decreto ley al PP.

El PSOE ratificó anoche a Europa Sur que votará en contra, según avanzó el diputado socialista Salvador de la Encina. Para los socialistas, el intento de De la Serna de buscar un apoyo con la patronal y los sindicatos no ha sido suficiente porque, además de no haber cristalizado, se planteó al margen del articulado de la reforma. "Es un acuerdo entre las partes y de rango inferior, que queda al albur de las empresas. Esto habría sido un punto de partida para negociar hace un mes, pero no en la víspera de la votación", dijo De la Encina.

No obstante, el frente que se ha manifestado expresamente como contrario al decreto (176 votos en contra) requiere de la llegada a tiempo al Pleno de tres diputadas de la oposición (una de Unidos Podemos, otra de Esquerra y otra de Compromís) que estaban de viaje oficial en Nueva York para asistir a una reunión de Naciones Unidas sobre empoderamiento femenino. Las tres adelantaron su regreso a España para poder acudir hoy al Congreso y votar en contra de la convalidación de la reforma del Gobierno.

Al cierre de esta edición, volaban rumbo a Madrid con llegada prevista al filo de las ocho de la mañana, una hora antes del inicio de la sesión plenaria.