La Comisión lleva al Tribunal de la UE el sistema de contratación en la estiba

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) por impedir a las empresas estibadoras que operan en varios puertos españoles (entre ellos Barcelona, Valencia, Algeciras y Bilbao) que contraten a sus trabajadores en el mercado y obligarlas a hacerlo a través de empresas de gestión de personal en cuyo capital deben participar.

"La Comisión Europea considera que los proveedores de manutención de carga de otros Estados miembros que deseen establecerse en puertos españoles podrían no hacerlo a causa de estas prácticas laborales restrictivas", explicó ayer Bruselas en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario se refiere al hecho de que las empresas estibadoras sólo puedan recurrir "libremente" al mercado para contratar mano de obra si la ofrecida por las empresas privadas es "inadecuada o insuficiente". Y aclara que las normas europeas sobre libertad de establecimiento "se aplican plenamente a las actividades portuarias" y que el Tratado de la UE "se opone a cualquier disposición nacional que, aunque no sea discriminatoria por razones de nacionalidad, obstaculiza o hace menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento".

Bruselas ha dado este paso porque el Gobierno español ha desatendido el dictamen motivado que le fue remitido en septiembre del año pasado, exigiéndole que modificara esta normativa. La Comisión dio entonces un ultimátum de dos meses a España para que liberalizara la contratación en la estiba, al entender que en puertos como el de Algeciras había un "coto cerrado", según palabras del comisario europeo de Transportes, Siim Kallas. Los sindicatos, entre ellos Coordinadora, se movilizaron ante este dictamen y aseguraron que Puertos del Estado -que reclamó a la Comisión más tiempo- lideraría un frente común ante Bruselas para defender la Ley de Puertos. Ahora, la Comisión ha cumplido su advertencia al acudir al Tribunal de la UE.

La legislación española dispone que en los puertos de interés general deben crearse empresas privadas denominadas SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), que son las que contratan a los estibadores y los ponen a disposición de las empresas de manutención de carga.

Estas normas, además, obligan a todas las empresas que deseen prestar servicios de manutención de carga a unirse a una SAGEP y a participar financieramente en su capital. Las empresas estibadoras solo pueden quedar exentas de esta obligación en casos muy limitados.

La Comisión considera que estas disposiciones "altera forzosamente las estructuras de empleo y las políticas de contratación de las empresas" y también de las estrategias empresariales, además de suponer "graves perturbaciones" para las empresas y poder acarrear "consecuencias financieras considerables". "Todo ello puede disuadir a las empresas estibadoras de establecerse en puertos españoles de interés general", reitera la institución europea.