Las conserjerías de Economía y Sanidad y Consumo de la Ciudad Autónoma han encargado un informe jurídico sobre la viabilidad de que el Estado intervenga en la fijación del precio de la línea marítima con Algeciras y que establezca una tarifa razonable, que rondaría lo que pagan a día de hoy los residentes: la mitad de lo que actualmente facturan las navieras por cada trayecto a un foráneo, 45 euros.

Guillermo Martínez , consejero económico ceutí, apuntó que "sí sería jurídicamente factible la intervención del Estado de forma compatible con la legislación nacional y europea". A su vez, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, declaró que le entregará en mano al ministro de fomento, José Blanco, el informe encargado cuando éste realice su visita la ciudad.

El Gobierno ceutí consideró que ni la liberalización de la línea, en 1999, ni el contrato de interés público, que reporta a una naviera (Acciona-Trasmediterránea) unos nueve millones anuales han tenido el efecto requerido.