La vicepresidenta tercera de la mesa del Congreso y diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, y el portavoz de esta formación en la Cámara baja, Íñigo Errejón, han registrado una pregunta dirigida al Ministerio del Interior sobre las cargas policiales del pasado viernes a los trabajadores en huelga de la fábrica de Acerinox cuando cortaron la A-7.

Sumar pregunta si el Ministerio de Interior está "garantizando" el derecho a manifestación de estos trabajadores y los criterios que se utilizan a la hora de efectuar cargas policiales, "con uso de gases lacrimógenos y pelotas de goma, con el peligro que entrañan estas últimas, en manifestaciones que se están demostrando principalmente pacíficas".

Gil de Reboleño ha alertado a este respecto de "si no se están produciendo acciones represivas contra el personal que ejerce libremente su derecho a la huelga", en alusión a las cargas policiales "muy agresivas" que se produjeron el pasado viernes 23 de febrero durante una manifestación de los trabajadores de Acerinox en la que se cortó el tráfico de la autovía A-7 "de forma pacífica" y que se trató de disuadir "con el lanzamiento de pelotas de goma y de gases lacrimógenos, a pesar de la actitud dialogante de los manifestantes".

Sumar considera "esencial" que "el personal y la dirección de Acerinox puedan sentarse ya a negociar un convenio colectivo en el que se respeten los derechos de los trabajadores y se alcancen unas condiciones dignas de trabajo".

La exposición de motivos de la pregunta registrada señala que la plantilla de Acerinox de Palmones se encuentran de huelga general indefinida "desde hace más de 20 días" y que dicha convocatoria está apoyada "por la práctica totalidad del comité de empresa". Esta huelga tiene como principal objetivo "presionar a la dirección de la compañía para que se siente a negociar el correspondiente convenio colectivo que mejore, más pronto que tarde, las condiciones laborales del personal de la fábrica".

También indica que en el marco de estas movilizaciones se han producido varios cortes de carretera, "todos ellos de carácter no violento", por parte de la plantilla "para intensificar la presión y que la empresa comience la negociación" y que estas se han saldado con cuatro trabajadores denunciados por delitos contra la seguridad vial "sin que se tenga constancia de que su conducta haya producido daños o puesto en peligro la seguridad de las personas usuarias de las carreteras bloqueadas".

"Casualmente", indica Sumar, de entre todos los manifestantes que han participado, los cuatro sancionados pertenecen al comité de empresa, entendiendo con ello el "innegable carácter disuasorio que han tenido dichas denuncias en los trabajadores y en su ejercicio de un derecho de manifestación", recogido en la Constitución Española.

En opinión de Sumar, Acerinox es una empresa "fundamental" para la economía local y estatal por los empleos directos e indirectos que genera y el sector estratégico que desarrolla, aunque "de los últimos cuatro años, la compañía ha presentado cuentas con resultados negativos en tres de ellos y en la actualidad se encuentra acogida a un ERTE que finaliza precisamente este mes de marzo del año 2024".

"Es fundamental para Cádiz que Acerinox vuelva a ser un motor económico y un referente empresarial, no solo para la provincia sino también para toda Andalucía. Para ello, la empresa debe encontrar el modelo de negocio apropiado, ajustado a las cambiantes estructuras de los mercados internacionales, pero respetando siempre y en todo momento las necesidades y demandas de la plantilla, la cual debe poder ejercer su derecho a la huelga y a la manifestación con total libertad como una herramienta legítima para la consecución de sus objetivos", finaliza Sumar en su pregunta al Congreso.