La juez desestima el recurso de Lábaro en el caso Roseworld

La titular del juzgado de Instrucción número uno de La Línea ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por Rafael de los Reyes Román Medina, en calidad de administrador del Grupo Lábaro y procesado en el caso Roseworld, contra el auto de 17 de marzo en el que se acordaba la apertura de juicio oral.

El Grupo Lábaro compró a la empresa Roseworld por 14,4 millones de euros unos terrenos municipales que le fueron adjudicados inicialmente a la citada mercantil por algo más de 12 millones de euros.

La juez argumenta que no admite dicho recurso ya que no cabe presentarlo contra un auto de apertura de juicio oral excepto en lo relativo a la situación personal del procesado, algo que asegura que el administrador de Lábaro no ha hecho.

En su recurso, Rafael de los Reyes considera "desproporcionada" la fianza de 33,3 millones de euros solicitada por la juez y además, su abogado argumenta que esta petición "vulnera los derechos fundamentales de mi representado, con especial incidencia en el derecho a su presunción de inocencia. No existe justificación del origen de una cuantía tan desproporcionada", señala. Hay que recordar que se trata de la fianza más elevada solicitada a los procesados en este caso, entre los que están el ex alcalde Juan Carlos Juárez y los concejales del PP Juan Montero, Francisco Muñiz y María Cruz Atienza.

El abogado del administrador de Lábaro agrega en su recurso que los importes utilizados por el juzgado para fijar la cuantía de esta fianza tienen su origen "en unos importes absurdos y absolutamente injustificados existentes en los escritos de acusación".

La defensa de este procesado asegura que el supuesto perjuicio causado sería en este caso únicamente de dos millones de euros, cantidad correspondiente al importe máximo que ofreció en la licitación Promaga una vez descontado el importe de adjudicación de estos suelos. Y es que Roseworld los compró por 12.250.000 euros. "El resto del importe, 12.250.000 euros, fue percibido por el Ayuntamiento de La Línea. Si la compraventa finalmente se anula, el Ayuntamiento deberá devolver el importe percibido, los 12.250.00 euros y no al contrario, como sorprendentemente reclama una de las acusaciones".

Respecto al escrito de acusación de la Fiscalía, sostiene que el ministerio fiscal olvida que es el Ayuntamiento el que tiene desde hace más de tres años los 12,2 millones de euros "abonados por la mercantil de mi cliente y que si finalmente se anula la compraventa de la finca deberá proceder a la devolución de dicho importe más, en su caso, los intereses correspondientes. La Fiscalía no motiva el origen de los importes que reclama. Debe exigirse el máximo rigor en este sentido".

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