Un juez insta a la demolición de dos edificios junto a la sede del Tenis Club

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras ha decidido desestimar el recurso interpuesto por la empresa Promociones Rosales Gibraltar S.L. contra el decreto de la presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Línea que, el 25 de junio de 2008, ordenó la demolición de 36 viviendas y garajes construidos en el camino Ancho de La Atunara, situado en la barriada de La Colonia.

En el fallo judicial, al que ha tenido acceso Europa Sur y contra el que cabe recurso, se insiste en que "no cabe otra opción que la demolición de los edificios construidos" y se indica que el artículo 182.2 de la LOUA "sólo prevé requerir la legalización cuando las obras pudieran ser compatibles con la ordenación urbanística vigente, que no es el caso".

El juzgado señala que las edificaciones "no sólo no respetan el planeamiento urbanístico vigente, ubicándose parcialmente en suelo urbanizable no sectorizado y espacio destinado a viales, sino que tampoco son conformes a la licencia de obras concedida en su día", y que por eso los argumentos expuestos por la mercantil, que ha reconocido los hechos descritos, "carecen de fundamentación jurídica". Dichos argumentos fueron que "los desajustes con el planeamiento urbanístico cabría resolverlos mediante una modificación del Plan General con dos finalidades: reajustar el viario y reordenar la zona".

El juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras sostiene que la "alteración del planeamiento jurídico para incorporar y ajustarse a una situación de hecho, ni es la solución jurídica adecuada para enfrentarse a las infracciones urbanísticas, ni constituye un derecho ejercitable en los tribunales de justicia, sino que se encuadra en el ius variandi de la Administración competente, siempre y cuando sea jurídicamente aceptable y no tenga como finalidad evadir la obligación de ejecutar las resoluciones judiciales firmes".

Para el juzgado, "al no existir un derecho a que el planeamiento urbanístico se ajuste a lo llevado a cabo por la recurrente y ello es contrario a la licencia urbanística concedida en su día y a la ordenación urbanística de aplicación al caso, no cabe otra opción que la demolición de los edificios construidos".

El portavoz del equipo de gobierno, Juan Montero, confirmó ayer a este medio que en el orden del día de la sesión ordinaria del pleno de este jueves está incluida la aprobación provisional de la modificación puntual de ese sector del PGOU.

El concejal indicó que el Ayuntamiento acatará cualquier sentencia judicial que sea firme pero añadió que también "hará todo lo posible para regularizar la situación de esos edificios y preservarlos de la demolición, más que nada por los vecinos, porque lo que queremos es ayudar en los posible a las familias afectadas".

Fue la Asociación Linense en Defensa del Patrimonio y el Medio Ambiente (Aldepama) la que denunció estas irregularidades al estimar que los edificios incumplían el Plan General.