La Línea

La consulta popular sobre la conversión de La Línea en ciudad autónoma, paso a paso

  • El catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense Antonio de Cabo elabora un informe

El monumento al trabajador español en Gibraltar, ante la frontera El monumento al trabajador español en Gibraltar, ante la frontera

El monumento al trabajador español en Gibraltar, ante la frontera / Erasmo Fenoy

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El procedimiento para que La Línea se convierta en ciudad autónoma tiene varios pasos previos. El primero ya está en marcha y es la elaboración de un informe que avale la viabilidad de que el artículo 144, apartado A, de la Constitución Española se pueda aplicar en este caso. Este recoge que “las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia”. Una sinopsis de este artículo realizada por José Antonio Alonso de Antonio, profesor titular de la Universidad Complutense, refleja que en virtud de este artículo se autorizó a la provincia de Madrid, por razones de interés nacional, constituirse en Comunidad Autónoma.

En los comentarios al Estatuto de Autonomía de Andalucía, accesible en la web del Parlamento Andaluz, también se refleja que este artículo estaría pensado para Gibraltar en caso de que retornase a la soberanía española.

El informe lo está elaborando el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense Antonio de Cabo. Está previsto que en el plazo de un mes esté finalizado y en manos de Juan Franco. Con este documento en la mano, si avala la posibilidad de que La Línea se convierta en ciudad autónoma, el primer paso sería iniciar los trámites para convocar una consulta popular. El inicio del procedimiento puede efectuarlo la corporación municipal mediante acuerdo adoptado por mayoría simple a propuesta de un grupo municipal. En este caso la mayoría absoluta de La Línea 100x100 le permitirá hacerlo sin problemas.

Tras un plazo de exposición pública y de resolución de alegaciones, si las hubiera, una vez acordada la celebración de la consulta popular, el municipio debe solicitar autorización al Gobierno central, que debe responder sobre el acuerdo de autorización a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que a su vez daría traslado al municipio.

Con el permiso en su mano, la consulta se celebraría como unas elecciones más, con un coste para las arcas municipales de unos 60.000 euros y con una campaña en la que las formaciones partidarias y detractoras (PP, PSOE y Ciudadanos ya se han mostrado en contra) expresaran sus argumentos. Aunque en este procedimiento no viene marcado un mínimo de participación para tener en cuenta los resultados, el Ayuntamiento de La Línea se pondría una cifra de participación similar a la de los últimos comicios, entre el 40% y el 50%.

Si en la consulta popular los linenses se muestran favorables a que el municipio se constituya en ciudad autónoma, la propuesta se trasladará al Gobierno junto con el informe elaborado por la Universidad Complutense. Cabe la posibilidad de que esta propuesta sea aceptada, con lo que Juan Franco vería colmadas sus expectativas para poder obrar con autonomía ante los posibles efectos adversos del Brexit. Si se deniega la solicitud, el Ayuntamiento tendría en su mano la capacidad para demandar un trato diferenciado con el respaldo de buena parte de sus ciudadanos como aval. Una tercera posibilidad que no se descarta es el silencio administrativo, postura que también se encontraría con la movilización municipal.

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