La Línea será el viernes, 29 de agosto, el epicentro desde el que partirá la lucha por encontrar soluciones a las injusticias sociales del municipio, que se reflejan en la comarca y en el resto de la provincia. Ese es el objetivo de los colectivos que convocaron ayer una marcha, a partir de las 19:30, desde la Plaza de Toros.

Con el lema "No pasarán de esta línea", reclamarán el reinicio de las obras del hospital de La Línea, una solución para las colas de Gibraltar, que no se venda la finca La Almoraima, el fin del proyecto de VTTI en Los Barrios, una solución para el parking de los parados y la puesta en marcha de la renta básica, entre otras reivindicaciones.

La sede de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) fue el lugar desde el que ayer plantearon los objetivos de la convocatoria. Participaron en una larga rueda de prensa representantes de este mismo colectivo, de Podemos, de la Plataforma Social del Campo de Gibraltar, de los sindicatos Unite, CGT y Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y de la Plataforma de Parados.

"Es muy importante, y creo que es un éxito, que desde este rincón nos hayamos puesto de acuerdo para luchar todos juntos contra el rodillo con el que el PP pasa por todos los derechos de los ciudadanos", dijo el portavoz nacional del SAT Diego Cañamero, que consideró que la situación económica requiere la respuesta social.

"Hay motivos suficientes en La Línea, en la comarca y en España en general para rebelarse con fuerza. Tenemos que aportar para cambiar esta injusta realidad", declaró el sindicalista, que habló de la necesidad de finalizar las obras del hospital, de los problemas medioambientales del Campo de Gibraltar, de paro y de los paraísos fiscales. "Hay 14 en Europa, donde esconden 9,5 billones de euros. Si tributaran habría más de 80.000 millones para las arcas públicas, para hospitales, para educación, para los parados... tenemos que oponernos. Necesitamos una normativa a nivel europeo que evite los paraísos fiscales", enfatizó.

La portavoz del SAT provincial, María Jesús de León, explicó que la marcha del viernes es "una lucha de aquí, pero que refleja problemas que no son únicos". "Será en el Campo de Gibraltar pero es una llamada a toda la clase trabajadora", e insistió en que "La Línea será la voz de toda la provincia y de Andalucía" con personas de fuera que se están organizando para participar en una convocatoria que supone una continuidad a las marchas por la dignidad del 22 de marzo.

Desde Espacio Solidario indicaron que el objetivo es llamar la atención a los gobernantes sobre los problemas que ocasiona el paro y los recortes sociales. Además, la Plataforma Social insistió en la necesidad de un estudio epidemiológico urgente y Manuel Márquez, de Ascteg, reclamó Gibraltar "como la única solución porque los políticos nacionales no tienen capacidad para crear empleo".

"No pararemos hasta que no se termine el hospital", dijeron desde la plataforma , cuyo representante pidió que no se busquen excusas para no asistir a la manifestación. "Es lamentable que se siga usando La Línea como arma del 'Gibraltar español'", exclamó.

"Pensamos que La Línea es una ciudad castigada por el paro y por los medios de comunicación. Es lamentable que los 6.000 trabajadores españoles en Gibraltar deban esperar cuatro o cinco horas además de su jornada laboral para cruzar la frontera", indicó la representante de Podemos.

Juan Pecino, del sindicato Unite de Gibraltar, aseguró que desde los años 60 se está sufriendo en la frontera. "Es hora de que digamos basta ya", exclamó, y suscitó los aplausos de los representes de los distintos colectivos que acudieron ayer a la rueda de prensa.

Luis Gallardo, de CGT, reivindicó también trabajo para los 38 compañeros de la asociación de parados que gestionaba el parking solidario. Además, reclamó el fin del proyecto de la planta de almacenamiento de productos petrolíferos de VTT Algeciras, en Los Barrios.

Por otro lado, la Plataforma Social criticó que el Gobierno pusiera en venta "el 80% del municipio de Castellar", que es La Almoraima y que se haya aprobado una subvención de 2,3 millones para gastos y prejubilaciones en la finca pública. "No podemos permitir que se gaste dinero público para privatizar", indicó.