La juez admite ampliar la denuncia contra Aqualia al Ayuntamiento

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Intrucción número tres de los de La Línea, Raquel Gómez Sancho, admitió a trámite, con fecha del pasado día tres de febrero, la ampliación tanto al Ayuntamiento de La Línea como a la compañía Alcaidesa Inmobiliaria SA de la denuncia del cobro irregular de la tasa de alcantarillado que en su día presentó la Asociación de Vecinos Alcaidesa contra la empresa Aqualia.

La asociación vecinal -a través de su presidente, José Luis López Carmona- presentó en junio de 2013, como este periódico ya desveló en su día, una denuncia contra Aqualia en la ponía en conocimiento de la administración de justica que, a la vista de los importes que se estaban cobrando a los usuarios de dicha zona residencial, el concesionario municipal estaría obteniendo ingresos no ajustados a la legislación tributaria vigente y podría estar cometiendo unos presuntos delitos de prevaricación, exacción ilegal y fraude.

Lopez Carmona explica que en el escrito de ampliación presentado solicitó que se exijan responsabilidades también a los administradores de la empresa Alcaidesa Inmobiliaria SA, aportando como prueba de la denuncia documentación que demostraría que a pesar del carácter público que tienen las redes municipales para la prestación del servicio alcantarillado en Alcaidesa, las compañías Aqualia y Alcaidesa Inmobiliaria S.A. mantienen un acuerdo que se prorrogaría hasta 2047 para repartirse los beneficios de la explotación de este servicio, estableciéndose en las estipulaciones de este documento lo que denominan canon de Alcaidesa "y que no es otra cosa que el acuerdo para distribuirse los beneficios de la explotación del servicio".

"Especialmente relevantes es el hecho que el juzgado esté analizando la responsabilidad que podrían tener los máximos responsables del Ayuntamiento de La Línea en este asunto, al plantearse en el escrito de ampliación de la denuncia que sin la cooperación del mismo no podría haberse llevado a cabo este cobro irregular; asegurando en dicho escrito que se ha solicitado al Ayuntamiento en repetidas ocasiones el informe técnico-económico que legalmente debe dar soporte a la aprobación de las tarifas fijadas en la ordenanza, sin que haya tenido a bien aportar esta documentación", dice.

Asimismo "añaden que tampoco hay constancia alguna de que haya respetado las normas de gestión establecidas en el apartado VI de la ordenanza fiscal de alcantarillado, subrayándose expresamente en ella que cada año deberá someterse a aprobación por la corporación el padrón de usuarios y que éste deberá exponerse al público por el plazo de quince días, para su examen y reclamaciones por parte de los interesados, sin que este requisito legal se haya cumplido en ningún caso", recalca el presidente de la asociación de vecinos Alcaidesa.

En su escrito el denunciante solicita que se tome declaración en relación con estos hechos a la alcaldesa, la socialista Gemma Araujo, al concejal responsable de Hacienda, el andalucista Ángel Villar, al secretario, César Escobar y al responsable de Alcaidesa Inmobiliaria SA, Javier Jiménez Casquet.

Asimismo López Carmona explica que el pasado mes de agosto y a solicitud de la magistrada encargada de este asunto, la Fiscalía remitió informe solicitando que el juzgado requiriese al Ayuntamiento para que éste remita al juzgado la documentación que aclare el régimen jurídico de la relación entre el Ayuntamiento y Aqualia, el contrato de la concesión y cualesquiera otros celebrados entre las partes, las normas municipales sobre la fijación de precios y tarifas del servicio, la explicación de los distintos conceptos que figuran en los recibos aportados en la denuncia y la justificación documental del destino dado a las cantidades recaudadas por cada concepto.

El presidente de la asociación de vecinos Alcaidesa, López Carmona, se confiesa "satisfecho" con la decisión del juzgado de aceptar la ampliación de la denuncia y añade que confía "plenamemente" en que la justicia esclarecerá este asunto.

Sin embargo, recalca: "Lamento la lentitud con la que avanza el procedimiento porque hace ya veinte meses que se presentó la demanda y que, aunque comprendo que la falta de personal que sufren los juzgados de La Línea está retrasando el asunto, desearía que la jueza solicitara algo tan sencillo como la relación de usuarios, valores catastrales y tasas cobradas, pues simplemente con esta documentación, se podría comprobar de manera inequívoca que la gestión de la tasa que realiza Aqualia es absolutamente irregular", concluye López Carmona.