El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que indemnizar con 181.897 euros a una pareja por el fallecimiento de su hija tras nacer en el hospital de La Línea. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Algeciras determina que durante el parto de la pequeña hubo una mala praxis que le produjo graves daños que conllevaron su muerte. La sentencia es firme, al no haber recurrido los condenados, el SAS y la aseguradora AIG.

El parto se produjo en noviembre de 2016. La madre ingresó en el centro hospitalario a las 8:30, siendo monitorizada con registro cardiotopográfico (RCTPG) y administrándosele en un primer momento Misprostol y prostaglandiinas. En el RCTPG se recogió un registro de 10:00 a 11:00 con valores normales, iniciándose de nuevo las 16:26 horas mostrando contracciones, siendo retirado a las 17:14 y de nuevo se reinició el RCTG a las 22:00.

A pesar de que la monitorización ha de ser constante, denunciaron los demandantes, "se vulneraron los protocolos existentes en la materia, que establecen que cuando se realiza una inducción y comienza la dinámica uterina el registro cardiotopográfico ha de ser continuo en todo momento". Ello supone un anormal funcionamiento de la Administración sanitaria, concluían en su recurso.

A partir de las 22:22 comenzaron a aparecer patrones de bradicardia, desaceleraciones prolongadas y DIPS variables atípicos. Ante la pérdida de bienestar fetal "solo una toma de pH de calota fetal, con resultado favorable hubiera permitido seguir con el parto". Su no realización, fuese cual fuere la causa, obligaba a una cesárea de urgencia. Finalmente y tras la maniobra de Kristeller ("tampoco recomendable"), el parto se produjo sobre las 00:30 del 5/11/2016.

La pequeña presentaba encefalopatía hipóxico isquémica y acidosis metabólica severa. Se la trasladó al Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz, permaneciendo en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero tras varios días de agravamiento y la  constatación de daños neurólogicos graves e irreversibles, en estado de coma, su muerte era irreversible, falleciendo el 10/11/2016.

Tras reclamaciones presentadas en su día contra el SAS, el abogado Damián Vázquez, de la Asociación El Defensor del Paciente, que representa los intereses del matrimonio, interpuso demanda que ha sido estimada.

La sentencia establece que el error cometido por el SAS empezó por el no mantenimiento de la monitorización continua, "siendo el criterio de la desconexión absolutamente infundado y no acreditado con referencia a estudio o protocolo alguno". También critica la omisión de medios por no disponer de una máquina para tomar el pH en calota fetal al bebé, además de realizar un tratamiento inadecuado durante el parto, ya que se le administró de forma incorrecta Buscapina en lugar de decelerar las contracciones.

Los peritos, claves

La mayoría de los peritos que declararon ante el juez valoraron que había existido una hipoxia intraparto, "que bien pudo ser evitada con una cesárea. Al no hacerse, y estar sufriendo demasiado tiempo el feto, se produjo la encefalopatía hipóxico isquémica (EHI), que finalmente determinó el fallecimiento".

El resumen de todo lo anterior es "un deficiente seguimiento de la monitorización, una inadecuada interpretación de los datos del RCTPG, la no administración de tocolíticos, y una no práctica de cesárea urgente. El conjunto es una mala praxis, vulneradora de la lex artis, causa de un daño antijurídico que se ha de indemnizar".

Por ello se estima parcialmente la demanda (hay una pequeña parte de la indemnización solicitada que no se concede) y se condena al Servicio Andaluz de Salud y su aseguradora AIG al pago de una cantidad de 181.897 euros al matrimonio por los daños y perjuicios causados por la muerte de su hija recién nacida. 

Los demandantes están estudiando en estos momentos si inician acciones legales penales contra un facultativo del SAS, que actuó como testigo perito en el juicio y realizó un informe en el que indicaba que todo estaba realizado conforme a los protocolos médicos, "habiéndose demostrado en la vista que faltaba de forma clamorosa a la verdad, todo ello para beneficiar a la administración sanitaria, estando muy dolidos los padres por dicha forma de actuar", explica en un comunicado la Asociación.