La Junta regulariza la situación de las viviendas de Camino de La Atunara

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) aprobó ayer, en sesión ordinaria celebrada en la sede la delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, una modificación puntual en el PGOU de La Línea que permite establecer una nueva delimitación de suelo urbano en la zona de Camino Ancho de la Atunara para acoger dos edificios residenciales que fueron construidos con un error de replanteo.

Este órgano dio su aprobación a la modificación puntual del planeamiento general vigente de La Línea mediante el cual se alterará ligeramente el límite del suelo urbano consolidado definido en el planeamiento para incluir parte de los terrenos colindantes clasificados como suelo urbanizable sectorizado.

De esta manera, se ajustará la realidad jurídica establecida por el planeamiento a la realidad actual de las dos edificaciones, con 36 viviendas en total de estos dos bloques que hasta la fecha se encontraban en una situación irregular.

Este cambio no implica incrementos de aprovechamiento en las parcelas que resultan de la modificación y con ello queda resuelto un error cometido en la fase de ejecución de la obra de los dos edificios.

Asimismo, la referida modificación amplía los suelos dotacionales reservados por el PGOU del municipio para parque urbano deportivo, actualmente ocupados por el Club de Tenis Linense.

También se realizan cambios en el trazado viario para ajustarlo a la funcionalidad que tienen en el conjunto de la trama urbana.

Los vecinos ya denunciaron a Europa Sur el año pasado la situación irregular de sus viviendas de la que aseguraron que nadie, ni el Ayuntamiento, ni la promotora, ni la entidad bancaria, les había informado y expresaron su miedo ante la posibilidad de perder sus hogares en los que estaban habitando desde mediados de 2007.

Estos linenses han vivido con la amenaza del derribo desde el pasado 2008, cuando el Consistorio colocó los carteles con la orden de demolición en los portales informando a los vecinos que se encontraron con la noticia sin haber tenido antes ningún tipo de notificación.

Fue en junio de 2010 cuando llegó la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo que instaba al Ayuntamiento a ejecutar la demolición de los bloques.

Los vecinos también trasladaron a este medio sus quejas porque a pesar de ser edificios nuevos, las viviendas tenía desperfectos.

Finalmente y tras la aprobación puntual del PGOU realizada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo estas construcciones se ajustan al mismo.

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