Javier Saavedra llama compraventa encubierta al convenio con Periáñez

El abogado Javier Saavedra afirmó ayer que el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y Lorenzo Pérez-Periáñez Troya en 1998 fue "una compraventa encubierta" y declaró que "los ayuntamientos tienen una ley por la que se rigen para la venta, compra y enajenación de parcelas. Todo lo que no es eso, es la puerta falsa y es cierto que los ayuntamientos no deben hacerlo pero las denuncias hay que hacerlas con base". El abogado apuntó que la actuación de José Antonio Fernández Pons, entonces alcalde del Partido Popular (PP), tuvo un "carácter oscuro" y le "faltó transparencia".

Europa Sur se puso en contacto con Fernández Pons que declinó hacer declaraciones sobre este asunto, aunque sí dijo que durante su mandato la transparencia en la gestión fue la tónica general.

El abogado salió ayer al paso de la denuncia que ha realizado la Fiscalía ante el juzgado, como consecuencia de una denuncia de Izquierda Unida (IU), solicitando que declaren en calidad de imputados el alcalde, Juan Carlos Juárez, la técnico municipal Sonia Rey, Lorenzo Pérez-Periáñez Troya y los representantes de la promotora Bahía Romana por una operación urbanística que tuvo lugar en el año 2004, como consecuencia de dicho convenio. Mediante ese acuerdo, el empresario linense cedía una parcela al municipio para la futura construcción de un instituto a cambio de la recalificación de unos suelos, de no ser así debería abonar 300.000 euros o revertir la parcela.

Saavedra defendió la gestión de Juárez en esta operación y resaltó que cuando se firmó el convenio, su defendido no era el primer edil de La Línea y es que entonces era alcalde José Antonio Fernández Pons, ambos del PP.

El letrado también explicó que a la cantidad que debía abonar el Ayuntamiento a Lorenzo Pérez-Periáñez Troya por la parcela en cuestión en 2004 había que sumarle el IPC, que no correspondía a 12.000 euros como apuntó IU el pasado jueves, sino a 100.000 euros aproximadamente. Saavedra añadió que los informes técnicos aconsejaron al alcalde devolver la parcela a su dueño original en vez de pagar 400.000 euros, que es la cantidad que después consiguió el promotor linense al vender el terreno a Bahía Romana.

También recriminó a IU que insista en que esa parcela podía valer millones de euros y lo mejor para el municipio era que el Ayuntamiento la hubiera vendido y luego abonado lo que se debía a Pérez-Periáñez. "Habla de cantidades etéreas, diciendo que nos imaginemos cuánto han subido los precios desde 1998 pero no tenemos por qué imaginar nada. Lo que tenía que haber hecho el partido era ir a la sociedad de tasación", señaló Javier Saavedra, que reclamó mayor concreción a Izquierda Unida sobre el precio de ese suelo en cuestión.

El abogado destacó que Juan Carlos Juárez actuó "siempre con los informes de los técnicos municipales que se supone que son neutrales y unos profesionales" y resaltó que "no era el alcalde cuando se firmó el convenio y no tenía ningún tipo de interés". "La pregunta es si se debe hacer caso a los informes técnicos o hacer lo contrario. Lo lógico es hacer caso porque se supone que los técnicos están para ayudar al Ayuntamiento", apuntó Saavedra.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Aguilera, aseguró que si en en el año 2004, el alcalde hubiera pagado 400.000 euros a Lorenzo Pérez-Periáñez Troya a raíz del convenio urbanístico de 1998 "se hubiera cometido un fraude de ley porque fue una compraventa encubierta, un negocio simulado en el que mediaron cantidades económicas. Nos hubieran denunciado por prevaricación" y agregó que "si devolvemos el suelo también llega la denuncia porque en La Línea estamos en una situación que se haga lo que se haga te denuncian". El responsable municipal afirmó que lo que hizo Juárez fue anular el convenio para lo que "tiene potestad" como alcalde de La Línea y que tomó esta decisión porque la Junta de Andalucía no iba finalmente a construir el instituto en ese suelo.

Aguilera no entiende por qué la Fiscalía acusa al Ayuntamiento de dejar escapar un negocio ventajoso para el municipio porque los 100.000 euros que hubiera tenido que pagar de IPC es el beneficio que obtuvo el empresario linense al vender el terreno a la promotora Bahía Romana, por lo que "el beneficio para el Ayuntamiento hubiera sido cero".

Además, el concejal de Urbanismo quiso recordar al Ministerio Fiscal que las administraciones públicas "no pueden especular" y se preguntó "¿qué es lo que nos está diciendo? ¿qué especulemos?" y añadió que fue la Junta la que finalmente no quiso construir el instituto. "A ver si los que perdieron el negocio fueron ellos", dijo.