Tras la entrada en vigor de la Ley de 15 de marzo de 1940, las dos compañías de Carabineros que había en La Línea de la Concepción pasaron a la Guardia Civil: una para la aduana con la colonia británica de Gibraltar y vigilancia fiscal de la Verja, y la otra para su costa, a levante y poniente del Peñón.

Podría escribirse un libro con los innumerables servicios practicados por los carabineros desde 1829 hasta 1940, en su lucha contra el contrabando procedente de la colonia. No en vano, en las sucesivas ediciones anuales del Escalafón General del Cuerpo de Carabineros, cuyo último ejemplar se publicó en 1936, se afirmaba textualmente que, “Gibraltar ha sido siempre un depósito para el contrabando, principalmente de tabaco”.

Al hacerse cargo la Guardia Civil de todo ello, también podría escribirse otro libro, con los servicios de esa naturaleza practicados desde 1940 hasta la actualidad. En sus páginas habría brillantes actuaciones y por desgracia también trágicas fatalidades. Tal fue el caso del fallecimiento en acto de servicio del guardia 2º Pedro Pérez Herrera. En la noche del 14 de julio de 1968 fue arrollado por un vehículo de matrícula francesa al que pretendía parar en el control fiscal de El Zabal, siendo su conductor, Jean Pierre Stell Claude, puesto a disposición judicial.

También hubo numerosos servicios beneméritos como el acaecido el 8 de octubre de 1967 en el que el guardia 2º Joaquín León Sánchez, del puesto de El Espigón, salvó la vida a una mujer de 77 años llamada Ana Durán Puertas, que se había arrojado al mar; el rescate el 20 de septiembre de 1968 en un pozo, por fuerzas del puesto de El Zabal, de los trabajadores Antonio Blanco Guerrero, Francisco Carmona Campos y José García Andreu, dos de los cuales fueron evacuados al hospital; o el 10 de julio de 1969, cuando fuerzas del puesto de La Atunara salvaron de morir ahogada a la joven Josefa Mansilla Leal, que había sido arrastrada por las aguas cuando se bañaba.

Por razón de espacio sólo se citarán algunos de los más relevantes entre 1967 y 1969, registrados en las correspondientes memorias anuales de la Comandancia de Algeciras que se custodian actualmente en el Servicio de Estudios Históricos del benemérito Instituto.

Así, el 15 de abril de 1967, fuerzas del Grupo Fiscal de la Comandancia de Algeciras inculpaban en acta de contrabando a tres vecinos de La Línea por venta de 56.000 litros de petroleo sin autorización de CAMPSA, procedentes de la colonia, valorados en 224.000 pesetas.

Cinco meses justo después, fuerzas del puesto de Alambradas y del citado Grupo Fiscal procedieron a aprehender un importante alijo de cadenas de reloj de caballero (3.610 unidades), figurando como reos tres ciudadanos españoles y un paquistaní residente en Gibraltar.

El 6 de octubre siguiente, fuerzas del puesto de especialistas de la aduana, al infundir sospechas el paso de un ciudadano marroquí que intentaba entrar en la colonia, le practicaron un minucioso registro que dio como resultado la intervención de dólares, francos franceses, liras italianas, libras esterlinas, dirhans marroquíes, florines holandeses y marcos alemanes, por un valor de 136.839´68 pesetas. Se trataba entonces de una considerable cantidad en papel moneda que al no haber sido previamente declarada se puso en unión de dicho individuo, a disposición del juzgado especial de delitos monetarios.

El 8 de octubre de 1967, el guardia Joaquín León salvó de morir ahogada a una mujer de 77 años

Hay que significar que en esa época también era habitual la aprehensión de dinero español a vecinos de La Línea, aunque igualmente había de otros puntos de la Península y terceros países, que intentaban introducirlo clandestinamente en Gibraltar. Destacado fue el caso, esta vez por vía marítima, y que tuvo amplia repercusión en la prensa, del vecino de Madrid Juan Bautista Santaella Macías, del que aseguraban estar “reclamado por varios juzgados por sus actividades contrabandistas”. Acompañado de dos británicos a bordo del yate Mayflower de Camelot, de igual bandera, le fue aprehendido el 20 de mayo de 1969 más de un millón de pesetas, “con destino a Gibraltar”, siendo los tres detenidos y puestos a disposición del Juzgado Especial de Delitos Monetarios de Madrid.

El 21 de agosto de 1968 fue detenido en La Línea por fuerzas del Grupo Fiscal el “peligroso contrabandista” Manuel Méndez Moya, reclamado por varios juzgados por impago de multas, entre ellos el del Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudación de Málaga, así como por el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes de San Roque.

El cierre de la Verja decretado el 8 de junio de 1969 por el gobierno de España daría lugar a la detención de diversas personas de diferentes nacionalidades que intentaban entrar o salir ilegalmente de la colonia británica, a través de La Línea. Del primero que quedó constancia fue el 14 de julio siguiente al ser interceptado el ciudadano holandés Jan Fjoerdf Rutola, actor de teatro, por fuerzas del puesto de San Felipe. Una semana después sucedía lo mismo con el ciudadano belga Alan Deber.

Pero también se dieron casos curiosos al amparo del decreto-ley 13/1969, de 11 de julio, sobre concesión de facilidades a los residentes civiles en Gibraltar. En el mismo se exponía que: “La persistencia de la situación colonial de Gibraltar determina la necesidad urgente de no permitir que por más tiempo sigan perjudicándose por aquella circunstancia los intereses de los residentes civiles en aquella ciudad. Junto a ello, ha sido siempre deseo del Gobierno español, no solamente ofrecerles toda clase de facilidades para la importación y traslado de sus bienes e instalaciones industriales en el supuesto de que fijen su residencia en territorio español, sino también arbitrar la fórmula oportuna para que dichas personas, si así lo desean, puedan adquirir la nacionalidad española”.

De hecho, en su artículo 1º se disponía que “todas las personas nacidas en Gibraltar y residentes en esta ciudad se considerarán equiparadas a las nacidas en territorio español”.

Ello motivaría que algunos británicos, naturales y residentes de Gibraltar, comparecieran voluntariamente ante las autoridades españolas. Tal fue el caso, muy difundido por la prensa de la época, de Frank Lombard. Éste, acompañado del marroquí Hasan Hubert, abandonaron el Peñón en una pequeña embarcación a motor para presentarse el 2 de agosto de 1969 ante una pareja de guardias civiles del puesto de San Felipe, manifestando desear acogerse a los beneficios descritos en el mentado decreto-ley.

Otros británicos en cambio eran detenidos cuando intentaban navegar hacia Gibraltar, tal y como le sucedió el 29 de ese mismo mes a Gary Brake, en un pequeño bote. El 25 de septiembre siguiente fueron interceptados por fuerza del puesto Avanzado el estudiante alemán Ketler Jurgen Hans y el técnico de radio holandés Robert Morull. Dos días más tarde en cambio era detenido el marinero David John Scholes, del portaviones británico Eagle, cuando vestido de paisano intentaba salir de la colonia saltando la Verja.

La acusación contra todos ellos era la de “intento de paso clandestino de fronteras” y eran puestos a disposición del gobernador militar del Campo de Gibraltar.