El 18 de agosto de 1944 en la notaria de Alfredo Sosa Pérez, de La Línea de la Concepción, se procedió a formalizar escritura de cesión gratuita del solar acordado en la calle Jardines, a la Dirección General de la Guardia Civil. Firmaron el alcalde Lutgardo Macías López y el teniente coronel Manuel Sanmartin Rives, jefe de la 337ª Comandancia Mixta (Algeciras).

Era la primera vez, desde la creación del municipio en 1870, que la Benemérita disponía en La Línea de un terreno para que el Estado construyera un acuartelamiento de gran capacidad. Sin embargo, el Estado seguía sin recursos para su construcción.

A pesar de las numerosas gestiones que desde muy diversas instancias se practicaron, tan penosa situación se fue prolongando en el tiempo otra década más sin éxito alguno. Fue agudizándose cada vez más el grave problema de carecer, tanto de dependencias oficiales como de unas viviendas dignas para la numerosa plantilla destinada en el municipio.

Se continuaba con la destartalada casa-cuartel de la calle Jardines, próxima a cumplir ya cinco décadas de uso como puesto de la Guardia Civil de la residencia, así como con las procedentes del antiguo Cuerpo de Carabineros, cuyo estado general era incluso peor que aquella.

Mientras tanto, el 25 de octubre de 1955, dado que se continuaba sin proyecto alguno de construcción del tan necesitado acuartelamiento de grandes dimensiones, el teniente coronel Rodrigo Gayet Girval, jefe de la 337ª Comandancia (Algeciras), con el visto bueno de su Dirección General, propuso al Ayuntamiento permutar el solar escriturado en 1944 por un nuevo solar de dimensiones algo menores y mejor situado.

La corporación municipal, tras los estudios correspondientes, aprobó la propuesta en el pleno celebrado el 2 de julio de 1956. Se trataba de un terreno de 4.000 m², que fue adquirido por importe de 160.000 pesetas, mediante escritura de fecha 30 de abril de 1957 al Ministerio del Ejército. Estaba ubicado en la parte posterior de la comandancia militar de La Línea y su frontal daba a la entonces denominada Avenida Héroes del Alcázar de Toledo, hoy Avenida de La Banqueta. Se trataba del solar que ocupa la casa-cuartel actual.

Sin embargo, llegado ya el año 1960 y viéndose que el proyecto de construcción seguía bloqueado por falta de recursos económicos suficientes, el coronel Buenaventura Cano Portal, jefe del 37º Tercio (Málaga), fue autorizado por su director general, el teniente general Antonio Alcubilla Pérez, para elevar directamente al ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, una petición muy especial.

Fechado el 23 de septiembre, le expuso, contundente pero muy sinceramente, la deplorable y delicada situación en que tenían que vivir los guardias civiles con sus familias en La Línea, solicitando su imprescindible apoyo para conseguir la urgente financiación del proyecto.

Por la Benémerita se habían expuesto ya las necesidades del futuro acuartelamiento. Por una parte estaban las dependencias oficiales para los dos capitanes jefes de las dos compañías cuyas cabeceras estaban entonces ubicadas en La Línea, una en la Aduana y otra en La Atunara, así como las de los cuatro oficiales jefes de las líneas/secciones encuadradas en aquellas y las de sus seis suboficiales comandantes de puesto, amén del resto de oficinas y demás instalaciones propias para el desempeño de los cometidos propios del Cuerpo.

Por otra parte, estaban las viviendas para los guardias civiles y sus familias, proponiéndose la construcción de 5 pabellones para oficiales, 10 para suboficiales y 120 para cabos y guardias civiles casados así como dormitorios para otros 20 solteros.

Posteriormente, por la Sección de Obras de la Dirección General, el número total de pabellones para casados se redujo a 100, que junto a las dependencias oficiales ya citadas suponía un coste de quince millones de pesetas, pero se amplió el edificio de dormitorios para solteros hasta 52 plazas, elevándose el presupuesto en un millón de pesetas más.

Conforme a la normativa vigente de la época, el 90% lo debía abonar la Guardia Civil, con la colaboración del Instituto Nacional de la Vivienda, del capítulo correspondiente del Ministerio de la Gobernación, y del 10% restante debía hacerse cargo el Ayuntamiento. Es decir, 1.600.000 pesetas.

Es a partir de ese momento, cuando el coronel Cano entró directa, clara y sinceramente en materia. Primero afirmó que, “cualquiera que conozca la población de La Línea de la Concepción y las posibilidades de dicho Ayuntamiento comprende que a éste le es imposible”.

Seguidamente expuso que “con gran sacrificio”, la corporación municipal que tenía agotado el crédito de anticipo en el Banco Local, sólo podría aportar 600.000 pesetas pagaderas en dos anualidades.

Como de los 152 guardias civiles a alojar en dicha casa-cuartel, “más de 100 prestan sus servicios en su calidad de Guardería Fiscal” en la Verja y la aduana con la colonia británica de Gibraltar, “el referido Ayuntamiento cree que es justo que puesto que estos Guardias se encuentran al servicio de la Hacienda, sea este Ministerio quien en gracia a este motivo, le ayude a la aportación que tiene que entregar, facilitándole el 1.000.000 de pesetas que le resta; bien como subvención para este objeto o bien como donación”.

Y una vez dicho esto, el coronel Cano prosiguió de forma muy explícita, contundente y sincera, como siempre han sido los informes de la Guardia Civil, a dejar muy claras las cosas. Aseguró que “es urgente e imprescindible dar solución al logro del pago de la aportación total por parte del Ayuntamiento; ya que materialmente ni moralmente puede continuar la fuerza de la Guardia Civil en su situación actual.”

Pero no se contentó con afirmarlo sino que procedió a detallar con toda minuciosidad la lamentable realidad que sufrían los guardias civiles destinados en La Línea: “Las clases y Guardias viven como pueden en forma de realquilados con precios exhorbitantes de alquiler en relación a la paga que perciben; en casas particulares, la inmensa mayoría casas de los propios contrabandistas en cuyo ambiente de inmoralidad viven ellos, sus mujeres y sus propios hijos y es infrahumano el pedir a estos modestos funcionarios del Estado que en su labor fiscal se mantengan con la honradez y moralidad que es necesario para desempeñar su función fiscalizadora en un puesto donde tanto peligro exige el cumplimiento del deber”.

El coronel Cano, continuó aún más explícito todavía, asegurando que “no basta la vigilancia de Jefes y Oficiales, no bastan los duros castigos que se imponen para el que prevarica, no bastan las expulsiones del Cuerpo que llevan consigo la ruina familiar del causante; que si lo es y prevarica es más debido al ambiente en que vive él y su familia. El acuartelamiento le daría una casa confortable y gratuita, y sobre todo le apartaría de este ambiente y del constante trabajo que sobre su conciencia ejercen los contrabandistas para que deje de cumplir con su deber en beneficio de quien como medio de vida tiene la defraudación y el contrabando”.

Continuará