El Ayuntamiento de La Línea ya está dando los primeros pasos para contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El alcalde, Juan Franco, firmó ayer mismo un decreto para poner en marcha este proceso, que una vez que esté en funcionamiento y a través de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, puede hacer llegar al Consistorio una subvención para que sea destinada a la mejora del transporte urbano o metropolitano.

También ayer el representante del Ayuntamiento en el Consorcio Comarcal de Transportes, Mario Fernández, junto a técnicos municipales, mantuvo una reunión con responsables de este organismo para comenzar a dar forma al proyecto.

La comisión técnica encargada de elaborar este plan está integrada por un oficial de la Policía Local de Tráfico, que también actuará como coordinador de la comisión; un arquitecto; una bióloga; un ingeniero; un letrado y un delineante.

El decreto de Alcaldía firmado ayer mismo por Juan Franco destaca lo que recoge la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, en su artículo 16.4, que establece que las entidades locales podrán aprobar planes y programas para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire, en el marco de la legislación sobre seguridad vial y de la planificación autonómica. En este aspecto, de hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hace poco más de un año que La Línea era la ciudad más contaminada entre las 46 españolas cuya calidad del aire fue analizada por esta entidad, de ahí la importancia de desarrollar este proyecto.

El proceso para contar con este plan es el siguiente: primero tiene que ser redactado el borrador del proyecto; luego tiene que ser objeto de consulta previa por parte de los representantes del Consorcio de Transportes, de los diferentes colectivos afectados y del propio Consejo Local de Participación Ciudadana, y finalmente debe ser trasladado al pleno de la corporación para su aprobación.

Otra ley que ampara la elaboración de este Plan de Movilidad Urbana es la citada 2/2011 de 4 de marzo, que establece los condicionantes para la concesión de ayudas y subvenciones para aplicar los planes que hayan resultado aprobados. Por ejemplo, en este apartado sería interesante poder modernizar, a través de estas ayudas, la flota de autobuses urbanos, que en su mayoría son vehículos de más de 10 años de antigüedad a pesar de que el pliego de condiciones establece que deben ser más nuevos. Cabe recordar que el servicio no supone ningún coste para las arcas municipales, por lo que con alguna ayuda el Consistorio podría aportar alguna cantidad a la empresa concesionaria para que el servicio, actualmente bastante deficitario, mejorase y más linenses se animasen a usar el transporte público en detrimento del coche.

La mencionada Ley 2/2011 contempla una sección íntegra que establece que, a partir del 1 de enero de 2012, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado destinada al transporte público urbano o metropolitano estará condicionada a que la entidad beneficiaria, en este caso el Ayuntamiento de La Línea, disponga de Plan de Movilidad Sostenible y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.

Esa Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), aprobada en 2009 por el Consejo de Ministros, es la hoja de ruta que marca los objetivos y las directrices generales para un cambio de modelo en los transportes en España, de forma que estos sistemas se rijan por criterios de sostenibilidad no sólo económica, sino también social y ambiental. En esta estrategia se identifica como prioritaria la implantación de los planes de movilidad en todos los núcleos que presten el servicio de transporte público.

Precisamente el principal objetivo del Plan de Movilidad Urbana es promover un transporte urbano más sostenible, fomentando la actuación coordinada entre las distintas administraciones competentes, con el fin de impulsar el transporte público, la movilidad no motorizada, el uso racional del vehículo privado y, además, atender al cumplimiento de los requerimientos europeos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero.