Araujo aumenta la nómina con altos sueldos para sus afines pese a la ruina
La contratación del jefe de la Asesoría Jurídica, que en la oposición criticó por sobredimiensionada, supone un coste cada año de 60.149 euros · El responsable de Urbanismo suma otros 54.048 euros
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Línea, que al día de hoy mantiene la mayor deuda de la historia del municipio con sus trabajadores -más de doce millones de euros-, ha reducido desde el desembarco en la Alcaldía de Gemma Araujo en junio de 2011 el importe global de la nómina al que debe hacer frente cada mes, pero no le ha temblado el pulso a la hora de aumentar determinados apartados, mediante el incentivo a un grupo de trabajadores y a la contratación de personal de confianza hasta alcanzar una cuantía conjunta nada desdeñable.
La documentación a la que ha tenido acceso este diario confirma las reiteradas denuncias de la alcaldesa linense de que durante la etapa en la que gobernaron tanto el Partido Popular como el extinto Grupo Independiente Liberal (GIL), el municipio realizó contrataciones que por número y salarios se antojan inasumibles.
Lo que Araujo silencia es que bajo su mandato, lejos de acabarse con esa política y pese a que la crisis ahonda en la necesidad de una economía de guerra, su gobierno ha llevado a cabo contrataciones con salarios inclusive superiores a los que subraya en sus críticas.
Uno de los casos especialmente llamativos es el del abogado Francisco Llamas Angulo, que desempeñó sus funciones en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Los Barrios durante buena parte del proceso que desembocó en la inhabilitación del alcalde socialista Alonso Rojas y que se encuentra en La Línea en comisión de servicio.
En innumerables ocasiones durante su etapa en la oposición, la hoy primera edil insistió en que el Ayuntamiento linense contaba con un elevadísimo número de abogados -de hecho su partido lo cifraba en veintidós- y que se le antojaba una cifra desmesurada.
Una vez en el cargo la incrementa -se entiende que porque consideraba que no le eran útiles ni uno solo de los que ya formaban parte de su nómina- con la incorporación de Llamas, cuyo coste laboral para la Administración local -es decir, salarios, complementos, cotizaciones y retenciones del salario del trabajador y cotizaciones por parte de la empresa- se eleva a 60.149 euros, aunque sus retribuciones brutas y netas, como es obvio, son menores. Francisco Llamas goza de un complemento específico de 22.000 euros.
Por otro lado, el nuevo responsable del área de Urbanismo Juan Felipe Vilela, unido por lazos familiares a un socialista muy significado por su actividad en La Línea como Antonio Marmolejo, llegó también bajo el mandato de Araujo en calidad de personal de confianza, con un desembolso por parte del Ayuntamiento de 54.048 euros. Mónica Ruiz, una conocida socialista local, es agregada a la Alcaldía con un desembolso de 36.398 euros.
El letrado César Escobar Pizarro ocupa el cargo de secretario general accidental tras ser elegido, entre cuatro candidatos, en un concurso interno convocado por el equipo de gobierno tras la excedencia de la habilitada nacional Ana Núñez de Cossío.
La remuneración de Escobar, que forma parte de la plantilla del Ayuntamiento desde 1992 y que ya fue secretario general accidental durante el mandato de Juan Carlos Juárez, lleva al municipio a desembolsar 64.477 euros, ya que disfruta de complementos de 10.427 euros -destino- y 27.798 euros -específico-, incluso superiores a los del antes mencionado Francisco Llamas.
La lista no podría denominarse infinita, pero sí mucho más extensa y con innumerables particularidades. El hecho de que el sindicalista liberado José Porras Naranjo (UGT) decidiese postponer su jubilación obliga al Ayuntamiento a gastar anualmente 38.384 euros. Mario Núñez (CCOO) supone en su condición de inspector de Urbanismo un coste laboral de 43.807 euros.
En la última asamblea de trabajadores, celebrada el pasado miércoles, un grupo de unos veinte trabajadores, en su mayoría afiliados del CSIF, acusó a Porras Naranjo de no calentar lo suficiente a los trabajadores para movilizarse, según se podía leer en la edición del jueves de este periódico, que subrayaba que reproches similares escucharon los representantes de Comisiones Obreras.
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