Las localidades del interior del Campo de Gibraltar pretenden evitar una invasión fotovoltaica en sus términos municipales sin tener posibilidad de tomar decisiones. Los alcaldes de Jimena, San Martín del Tesorillo, Gaucín y Casares (estos dos últimos de la vecina provincia de Málaga) han acordado este jueves la creación de un frente común para solicitar a la Junta de Andalucía una regulación ante el aluvión de proyectos que están recibiendo estas y otras localidades. 

Los alcaldes de estas localidades, Fran Gómez, Jesús Fernández, Pedro Godino y José Carrasco, respectivamente, se han reunido en Jimena de la Frontera para poner en común la información de la que disponen sobre estas iniciativas. Solo en Jimena, varias empresas plantean la construcción de hasta siete parques fotovoltaicos sin que la localidad cuente con una ordenanza reguladora o pueda tener margen de maniobra al respecto. 

Hasta el momento, los inversores han solicitado diversos trámites ante instancias del Gobierno central y la Junta de Andalucía, sin que los municipios tengan capacidad de ponderar los efectos más allá de informar sobre idoneidad o no de los terrenos. 

"Debido a la escasez de normativa en este tipos de proyectos, los regidores de estos municipios han aunado posturas para defenderse ante una posible implantación masiva. Además, han estudiado qué proyectos son acordes a los diferentes términos y cómo pueden buscar mecanismos para intentar regularizar esta situación", ha explicado el Ayuntamiento de Jimena en un comunicado. 

Los cuatro municipios crearán una mesa técnica con los técnicos municipales para realizar un seguimiento de las actuaciones, así como para solicitar una reunión con la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía para estudiar las diferentes opciones que puede ofrecer la administración andaluza. 

En Jimena, las iniciativas fotovoltaicas se agrupan en tres grandes bloques. Por un lado, la compañía Abengoa plantea la puesta en marcha de un proyecto en las inmediaciones de Cerro Carretero, con 200 hectáreas de superficie en total. Para esta iniciativa, tanto el Ayuntamiento como los grupos ecologistas han presentado reparos por entender que la zona escogida por la compañía es inundable. Según la entidad local, la puesta en marcha de ese parque fotovoltaico desembocaría en un gran impacto visual y medioambiental para el municipio, que además supone riesgo por posibles afecciones arqueológicas.

Junto con esta iniciativa, la compañía Mitra Alfa promueve otro parque en La Herradura con 100 megavatios, mientras que un conglomerado empresarial plantea otras cinco instalaciones que sumarían una potencia de 353 megavatios, 24.629 paneles y una inversión que alcanzaría los 216,9 millones de euros.

Este último bloque de parques solares abarcaría unas 900 hectáreas de suelo rústico, equivalentes al 3% de la superficie del municipio y supone un 11% de la superficie rústica, excluyendo los terrenos del Parque Natural de Los Alcornocales.

Para estas cinco instalaciones, ademas, los promotores solicitan la construcción de dos infraestructuras de uso común, consistentes en una subestación eléctrica transformadora, valorada en 5,5 millones de euros, y una línea de alta tensión de 220 kilovoltios con una longitud de 20,5 kilómetros que discurriría por los términos municipales de Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Casares hacia una subestación.