El Gobierno de Gibraltar ha asegurado este martes que su proyecto de construir viviendas en el levante del Peñón no implicará ganar terreno al mar, más allá de las aguas portuarias, en los próximos dos años, para así salir al paso de las protestas españolas por el proyecto.

Las autoridades españolas han avisado, y así se lo han comunicado a Londres por escrito, de que están dispuestas a tomar medidas legales si Gibraltar gana terreno al mar -en unas aguas que España considera propias- para construir viviendas.

Sin embargo, el Ejecutivo de Gibraltar ha replicado que ha ganado terreno al mar en la zona oriental "de distintas formas durante más de veinte años", y "no se trata de algo nuevo", pero que las obras necesarias para este proyecto "no implican ganar nuevo terreno al mar y, de hecho, no se prevé hacerlo más allá de las aguas portuarias antes de las elecciones generales o los próximos dos años".

Además, ha afirmado que en 2005 se inició una evaluación del impacto ambiental en el emplazamiento de conformidad con la legislación de la UE y de Gibraltar, que concluyó que no existían efectos transfronterizos de relevancia. También que la Comisión Europea ha investigado el terreno ganado al mar de la zona oriental de Gibraltar en diversas ocasiones y ratificó los resultados de la evaluación.

En este sentido, afirma que los estudios más recientes se llevaron a cabo a raíz de una queja de España en 2013, y la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión dictaminó en 2014 que no identificaba ningún incumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria.

Además, el Gobierno del Peñón asegura que el terreno ganado al mar por parte de España, especialmente en las inmediaciones del puerto de Algeciras, "se llevó a cabo sin las mismas notificaciones transfronterizas y dio lugar a importantes daños causados por tormentas en Gibraltar".

En este contexto, achaca a la proximidad de las elecciones en España las críticas contra el proyecto cuando, a su juicio, el nuevo proyecto residencial "creará, una vez más, cientos de puestos de trabajo adicionales para los trabajadores de la construcción españoles, tal y como ya ha sucedido en el pasado". en concreto, puntualiza, hay 14.704 trabajadores transfronterizos, de los que 9.175 son españoles. 

El Gobierno de Fabian Picardo insiste además en que la postura española de que Gibraltar no tiene derecho a las aguas territoriales, porque no se cedieron en el Tratado de Utrecht, "carece de fundamento en virtud de la legislación internacional". A su modo de ver, Gibraltar cuenta con tres millas de aguas territoriales y hasta la línea divisoria situada en la Bahía, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

De hecho, ha asegurado que "incluso algunos asesores legales senior del Ministerio de Asuntos Exteriores español han defendido, una vez jubilados, que España no cuenta con un argumento válido en este respecto".