El último informe que cada año realiza la consultora KPMG revela que, en 2018, el contrabando de tabaco en Andalucía representó el 16,3% del consumo total de cigarrillos en la región. Se trata de la comunidad autónoma con mayor prevalencia de comercio ilícito de tabaco, principalmente debido a su proximidad con Gibraltar. En el conjunto de España, el comercio ilícito de cigarrillos supuso el 4,3% del consumo total de cigarrillos, en su mayoría procedentes del Peñón. Se trata de la cifra más baja de los últimos ocho años, tras descender un 22% en 2018 gracias principalmente a la intensa actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Del informe se extrae que el contrabando de tabaco sigue siendo un problema muy preocupante, que perjudica a los negocios legítimos, alimenta el crimen en las comunidades locales, y supone unas pérdidas fiscales en España de 331 millones de euros.

Adicionalmente, el Informe Stella de KPMG, financiado por Philip Morris International, revela un aumento preocupante del fenómeno de la falsificación en España, donde su venta ilegal en 2018 se ha incrementado en un 46% respecto al año anterior. “Este dato nos alerta del creciente interés de las mafias internacionales por convertir España en un paraíso de falsificación de tabaco. Desde Philip Morris apostamos por un plan estratégico anti-ilícito que contempla la investigación del modus operandi de grupos de crimen organizado en puntos calientes, campañas de concienciación al consumidor y la cooperación estrecha con las fuerzas de seguridad” señala Yolanda Velasco, responsable de Prevención del Comercio Ilícito de Tabaco para Philip Morris Spain.

Según el informe, el consumo ilícito de cigarrillos en la Unión Europea supone 8,6% del consumo total, lo que representa 43.600 millones de cigarrillos ilegales. Este dato equivale en tamaño al total de las ventas legales de cigarrillos en Reino Unido, Austria y Dinamarca y supone unas pérdidas fiscales de 10.000 millones de euros.

Además, este estudio europeo subraya el incremento de los productos falsificados en más del 30% –la mayor cantidad registrada hasta la fecha– así como el aumento de fábricas ilegales de tabaco falso en países como España, Grecia o Reino Unido, destacando la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su detección y desmantelamiento.