Fue tal día como hoy, hace justo diez años, cuando Córdoba se convirtió por unas horas en una suerte de capital de la comarca y Gibraltar. Allí, en el Palacio de Viana -después de 300 años de conflicto- España, Reino Unido y el Peñón encontraron un respiradero a sus oxidadas relaciones en la bahía de Algeciras. Tras muchas horas de discusiones, el entonces ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos; el ministro para Europa del Foreign Office, Geoff Honn, y el ministro principal de la Roca, Peter Caruana, sellaron en un día histórico un paquete inédito de acuerdos en el marco del foro tripartito de diálogo. Ahora, una década después, de toda aquella jornada repleta de buenas intenciones no queda ni rastro. Si acaso, el deseo del actual Gobierno de Gibraltar de recuperar aquella fórmula que España da por completamente enterrada.

Lo que sucedió aquel día en la capital cordobesa supuso una ventana hacia la esperanza de que, por primera vez, la cooperación a ambos lados de la Verja sonara con más fuerza que la gresca fruto de las reinvidicaciones territoriales. Porque lo primero que tuvieron que hacer sus protagonistas es aparcar de lo que habían discutido siempre, es decir, el llamado Proceso de Bruselas, para intentar llegar a un entendimiento en asuntos puntuales mucho más cercanos a los intereses de los ciudadanos de a pie.

Pero aquellos acuerdos ya nacieron malditos. O, cuando menos, polémicos. Ya desde un primer momento un sector de la población siguió la tesis del Partido Popular para abominar de un pacto que concedía a Gibraltar el mismo estatus que a España o Reino Unido y, por tanto, se interpretaba como una renuncia del histórico deseo de España de reincorporar una plaza que se encuentra en su ámbito geográfico bajo otra bandera. Este Foro de Diálogo se paralizó a partir de octubre de 2010 con el surgimiento de los problemas de delimitación de aguas y de numerosos incidentes entre la Guardia Civil, la Armada española, la Royal Gibraltar Police y la Royal Navy, conjuntamente con la cuestión del solapamiento de los Lugares de Interés Comunitario (LIC), que llevó a recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El entonces ministro principal de Gibraltar, el socialdemócrata Peter Caruana, anunció la suspensión de las reuniones del Foro por los incidentes en la Bahía y la socialista Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores en aquellas fechas, ya no convocó al Foro, expresamente por la disputa de las aguas y las reclamaciones sobre las mismas de Gibraltar. El Gobierno del PSOE consideró entonces que el Peñón estaba utilizando el Foro tripartito, todo lo que se avanzó en Córdoba, para cuestiones para las que no se había creado.

Cuando el Partido Popular accedió al Gobierno terminó de enterrar el Tripartito, del que abominaba desde un principio, ya que no sólo le parecía -le parece- un fracaso que no soluciona nada, si no un error político de bulto al conceder a Gibraltar un estatus de nación que considera que no tiene. En innumerables ocasiones lo ha dado por enterrado en favor de unas reuniones ad hoc que todas las partes dicen que preparan desde hace mucho tiempo pero no han comenzado cuando debían y tampoco parece que vayan a hacerlo. En junio del año pasado, con la autorización por parte del Gobierno del cierre del Instituto Cervantes -uno de los acuerdos de Córdoba más llamativos, por cuanto suponía la primera institución oficial española en el Peñón desde el cierre del consulado el 10 de mayo de 1954- pasó a la historia el último vestigio de aquellos acuerdos de Córdoba.

Hubo otros tres puntos firmados en el Palacio de Viana. Uno de los más llamativos concernía al uso conjunto del aeropuerto. Fue necesario superar las dificultades relacionadas con la controversia en torno al istmo -sobre el que se ubica el aeródromo- y su carácter militar. Las tres partes acordaron la construcción de una única terminal contigua al lado sur de la Verja y con acceso directo desde La Línea. La gestión comercial correspondería a España y Gibraltar a través de una empresa conjunta. La declaración, sustituía a la del 2 de diciembre de 1987 y levantaba por tanto la suspensión en Gibraltar de las directrices de la Unión Europea en materia de aviación. Apenas tres meses después se produjo el primer vuelo entre Madrid y Gibraltar, luego suspendido. Ahora, diez años después, España mantiene el veto sobre el aeropuerto gibraltareño para su inclusión en el Cielo Único Europeo.

El segundo acuerdo fue sobre los pensionistas españoles ex trabajadores de Gibraltar, a los que Reino Unido abonaría -a ellos o a sus viudas- una cantidad equivalente a los retrasos desde 1989. Esta parte sí se cumplió. Entre abril de 2007 y diciembre de 2012, el Gobierno de ReinoUnido pagó a los pensionistas españoles ex trabajadores de Gibraltar 74 millones de euros, unos 63,6 millones de libras.

En cuanto al paso fronterizo, el Gobierno español, a través de la Agencia de Administración Tributaria, se comprometía a terminar ese año las obras de mejora de sus instalaciones y las de la Guardia Civil.Cuando finalizasen los trabajos, el acceso se realizaría en régimen de doble carril en ambas direcciones y adoptaría el sistema de canales rojos y verdes para personas y vehículos. Todo para evitar unos atrasos que, aunque en menor medida, siguen sucediéndose incluso después del arreglo de la Aduana de La Línea y su convertión en frontera inteligente.

En materia de telecomunicaciones, España aceptaría el código 350 para Gibraltar, una medida que entraría en vigor en cuatro meses. A partir de entonces, los 30.000 números reservados por España para el acceso a la red de Gibraltar quedarían disponibles para su reasignación en territorio español. En esa decisión influyó mucho la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en el Peñón, que ya estaba abierto a cualquier operador del mundo.