El partido conservador británico incrementa su presión para conseguir ese Brexit duro que tanto se teme en Gibraltar. El ala más euroescéptica de los tories ha decidido cerrar filas en torno a los planes de divorcio de Reino Unido y la Unión Europea de la primera ministro británica, Theresa May, y apuesta por cortar por lo sano. Así 60 parlamentarios, entre los que se encuentran seis ex ministros, exigieron ayer a May que retire el país del mercado único siguiendo el camino del Brexit duro que ella misma defendía hace apenas unas semanas.

El rotativo The Telegraph informa de que los diputados han hecho pública su postura después de las informaciones aparecidas en varios medios sobre la división interna en el gabinete de la premiere británica.

El temor de este ala dura del partido conservador es que los miembros pro europeos del Cabinet Office -el engranaje administrativo a disposición de la oficina de la primera ministra-, logren imponer un Brexit suave.

A inicios de la semana pasada, varios medios británicos se hicieron eco de un memorándum interno que señala serias diferencias internas en la oficina de la primera ministra que podría retrasar el inicio del Brexit, al menos seis meses.

Según el documento, elaborado por consultores del Cabinet Office, el Ejecutivo tiene entre sus manos unos 500 proyectos relacionados con el Brexit y deberá contratar otros 30.000 funcionarios extra para las negociaciones con Bruselas.

El informe, además, pone el acento en que parte de las dificultades que se están hallando obedecen al estilo "demasiado personalista" de Theresa May que considera "poco sostenible" en el largo plazo.

Como reacción a estos parlamentarios como Iain Duncan Smith, Michael Gove, John Whittingdale y Theresa Villiers hicieron su llamamiento en el Sunday Telegraph.

Además, varios políticos conservadores instaron a la primera ministra británicaa retirar el recurso ante el Tribunal Supremo contra el fallo judicial que estipula que el Brexit debe someterse a aprobación parlamentaria.

Esos políticos conservadores son Oliver Letwin, que estuvo encargado por el Gobierno de los preparativos para el Brexit el exprocurador general Dominic Grieve y el exabogado general Edward Garnier.

Todos ellos han pedido a la jefa del Ejecutivo que abandone la apelación del Gobierno ante el Supremo -la máxima autoridad judicial en este país- acerca de un fallo emitido por el Tribunal Superior, que determinó que May debe consultar al parlamento, mediante votación, la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso formal negociador para abandonar la UE.

El citado grupo, que respaldó la campaña a favor de la permanencia en la UE previa al referendo del pasado 23 de junio, se mostró contrario a recurrir ese dictamen del Tribunal Superior y, en lugar de ello, aboga ahora por comenzar el procedimiento de salida lo antes posible mediante un proyecto de ley en el parlamento.

A esos tories se les unió a última hora el también conservador Owen Paterson, que, al contrario que los anteriores, apoyó el Brexit durante la campaña.

En declaraciones a la emisora británica BBC Radio 4, Garnier opinó que, si el Gobierno retira el recurso, "se evita una disputa legal innecesaria, se evita un enorme gasto innecesario y también se evita dar la oportunidad a personas malintencionadas de atacar al poder judicial, y malinterpretar los motivos de ambas partes ante la ley".

Por su parte, Grieve opinó que las posibilidades del Gobierno de tener éxito con su apelación ante el Supremo son "bajas".

El pasado 3 de noviembre, tres magistrados del Tribunal Superior dictaminaron que May debe obtener la aprobación parlamentaria antes de activar el Artículo 50, tras lo que el Gobierno anunció su intención de recurrir al Supremo.

La posición de los citados políticos se conoce un día después de que los Gobiernos de Escocia y Gales recibieran autorización del Tribunal Supremo para hacer alegatos durante la vista del recurso del Gobierno central contra el citado dictamen judicial que le obliga a consultar con el Parlamento antes de ejecutar el Brexit.

El Supremo aprobó la solicitud de ambos Ejecutivos autonómicos, mientras que Irlanda del Norte ya contaba con la venia.

En el caso de Escocia, el tribunal quiere escuchar los argumentos sobre el asunto desde la perspectiva de la legislación escocesa, que difiere en algunos aspectos de la que se aplica en el resto del territorio británico.

También ha sido autorizado a defender su posición el Sindicato Independiente de Trabajadores, que representa a personas en los empleos peor pagados.