El Gobierno de Gibraltar defiende la plena transparencia del informe McGrail y anuncia que ya aplica sus recomendaciones

El Parlamento de Gibraltar ha debatido este miércoles la Investigación McGrail en una sesión en la que el Gobierno defendió que el proceso ha supuesto el mayor ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de la historia democrática del Peñón, al tiempo que anunció que ya se están implementando varias de las recomendaciones incluidas en el informe elaborado por Sir Peter Openshaw.

El debate se produjo a raíz de una moción parlamentaria presentada por el ministro principal, Fabian Picardo, para que la Cámara tome nota formal del informe y de sus conclusiones, tal y como exige la Ley de Investigaciones de 2024. Picardo subrayó que el Ejecutivo impulsó la investigación desde el primer momento y que cooperó “plenamente” con el proceso, facilitando sin restricciones todas sus comunicaciones relevantes, incluidas las privadas.

El jefe del Gobierno rechazó las acusaciones vertidas durante meses sobre un supuesto intento de censura del informe y recordó que el documento fue publicado íntegramente, sin recortes, y distribuido tanto a los medios de comunicación como a las autoridades británicas y al líder de la oposición. “No teníamos nada que ocultar”, afirmó, insistiendo en que el Gobierno optó por una investigación pública precisamente porque no buscaba esquivar el escrutinio.

Picardo destacó que el informe descarta de forma expresa la existencia de corrupción, conspiraciones o manipulación corrupta de investigaciones policiales, y que el propio presidente de la investigación rechaza recomendar disculpas o indemnizaciones al excomisario McGrail. En cambio, calificó de “devastadoras” las conclusiones relativas a la actuación de la antigua cúpula de la Policía Real de Gibraltar, señalando la desaparición de agendas, dispositivos electrónicos y grabaciones clave, hechos recogidos en el propio informe.

El viceministro principal, Joseph García, incidió en que la Investigación McGrail no es un juicio, sino un proceso indagatorio orientado a la mejora sistémica, y defendió el uso de una moción informativa como mecanismo parlamentario neutral que permite un debate abierto sin votación. García recordó que el proceso incluyó 114 declaraciones juradas, más de 34.000 páginas de documentación y múltiples vistas públicas retransmitidas, lo que, a su juicio, demuestra que el Gobierno “no tenía nada que ocultar”.

El ministro principal reconoció que el informe contiene críticas duras hacia su actuación personal y confirmó que está valorando impugnar algunas de esas conclusiones por la vía legal, amparándose en el Estado de Derecho, sin que ello afecte —dijo— a la gestión diaria del país.

Picardo aseguró que el Gobierno ya ha comenzado a aplicar varias de las recomendaciones, entre ellas reformas en materia de gobernanza, la elaboración de una ley sobre conflictos de intereses, avances en el Código Ministerial y cambios en la supervisión de la Policía, en coordinación con el Gobernador. “No nos limitamos a tomar nota del informe: estamos actuando”, concluyó.