Feetham afirma que Picardo tiene base legal “sólida” para recurrir las conclusiones del informe McGrail

El ministro de Justicia de Gibraltar, Nigel Feetham, asegura que el ministro principal, Fabian Picardo, ha recibido un asesoramiento legal “robusto” para impugnar las conclusiones del informe de la Comisión McGrail que le son desfavorables, defendiendo que hacerlo es un derecho constitucional. La investigación señala que Picardo realizó intentos “gravemente inapropiados” de interferir en una investigación y una operación policiales "legítimas" en las que James Levy, socio principal de Hassans y su amigo y mentor, era entonces sospechoso.

Durante su participación en el programa Viewpoint de GBC, en un debate con el diputado del GSD Damon Bossino, Feetham explicó que el dictamen legal ha sido elaborado por Sir Peter Caruana y respalda la posibilidad de recurrir judicialmente los hallazgos del informe. Añadió además que Picardo cuenta con el apoyo unánime del Consejo de Ministros.

El ministro reconoció que el informe “hace una lectura incómoda”, aunque matizó que “corta en todas direcciones”. Además, recordó que el presidente de la Comisión, Sir Peter Openshaw, concluyó que no existieron corrupción ni conspiración, tal y como se había denunciado antes del inicio de la investigación.

Feetham subrayó que, si bien el informe sostiene que Picardo intentó una interferencia “gravemente impropia” en una investigación policial, el propio Openshaw determinó que no hubo una interferencia real. Añadió que estas conclusiones han sido “rechazadas categóricamente” por el ministro principal y que el asesoramiento legal respalda su interpretación de los hechos.

Desde la oposición, Damon Bossino calificó la postura del Gobierno de “impactante” y criticó duramente que Picardo no presentara su dimisión tras la publicación del informe. Recordó, además, que el contribuyente ha asumido un coste superior a ocho millones de libras por la investigación y defendió que cualquier recurso judicial debería ser sufragado personalmente por el ministro principal, una postura que el Ejecutivo rechaza.

Bossino insistió en que las conclusiones del informe no pueden despacharse como una mera opinión y recalcó la gravedad de las críticas formuladas contra Picardo. Por su parte, Feetham reiteró que permitir recurrir hallazgos adversos es un pilar básico del Estado de derecho y confirmó que el Gobierno no contempla dimisiones, manteniendo su respaldo al ministro principal mientras se desarrolla el proceso legal.