Gibraltar

Hacienda confisca coches matriculados en Gibraltar a los yanitos que residen en España

  • La ley establece que los residentes en el país también deben tener su coche registrado en el mismo territorio

Trabajos de desinfección en la frontera entre La Línea y Gibraltar

Trabajos de desinfección en la frontera entre La Línea y Gibraltar / Jorge del Águila

Las autoridades españolas están confiscando vehículos con matrícula de Gibraltar a los yanitos que residen en España. Según informa la GBC, la televisión pública del Peñón, la Agencia Tributaria devuelve los coches bajo dos condiciones: que se vuelvan a matricular con placas españolas y que el propietario pague las tasas de importación y las correspondientes tarifas administrativas.

La GBC indica que ya hay varios automóviles confiscados y que ha tenido acceso a varias facturas de estas demandas, que incluyen los aranceles de importación y una tarifa administrativa. "La factura más baja que hemos visto asciende a solo 42 euros. La más alta fue de una suma de 17.800 euros", indica la televisión.

La ley establece que si cualquier persona utiliza su vehículo matriculado en el extranjero en España está obligado a matricularlo desde el momento en que se convierte en residente, con un plazo de seis meses. Hasta ahora, los gibraltareños que tienen residencia tanto en Gibraltar como en España no habían tenido problemas, pero la GBC destaca que ante el estado de alarma provocado por el Covid-19, las autoridades españolas están exigiendo una prueba de residencia en España para cualquier movimiento.

"Por lo tanto, esto supone un problema. Si alguien presenta una documentación que acredite su residencia en España, pero conduce un automóvil registrado en Gibraltar, la ley establece que el automóvil debe matricularse en España", indica la televisión gibraltareña.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, preguntado sobre este asunto en la conferencia de prensa sobre las novedades de la pandemia del coronavirus, indicó que su Gobierno "no puede tolerar actividades que sean contrarias a la ley española" y agregó que las normas sobre vehículos han estado vigentes durante 20 o 30 años. Afirmó que simpatizaba con los afectados, pero aclaró que el Gobierno no puede involucrarse en este asunto.

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