La Audiencia Nacional se declara incompetente para enjuiciar a los familiares de Bashar al-Assad por blanqueo a través de Gibraltar

El juicio se suspende tras una decisión que la partes pueden recurrir

El caso pasaría a la Audiencia Provincial de Málaga

La Audiencia Nacional juzga a familiares de al-Assad acusados de blanquear 700 millones robados en Siria a través de Gibraltar

Un retrato roto de Bashar al-Assad en Damasco.
Un retrato roto de Bashar al-Assad en Damasco. / ANTONIO PEDRO SANTOS / EFE
Efe

Madrid, 06 de mayo 2025 - 13:18

La Audiencia Nacional ha suspendido el juicio contra familiares del expresidente sirio Bashar Al Assad por blanqueo, a través de entramados societarios en Gibraltar y otros paraísos fiscales, al considerar que no es competente para enjuiciar este caso, que pasaría a la Audiencia Provincial de Málaga. Las partes pueden recurrir esta decisión.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado las cuestiones previas planteadas por las defensas, que pidieron anular el juicio al entender que el tribunal competente sería la Audiencia Provincial de Málaga ya que el presunto blanqueo se habría cometido en Marbella.

El presidente de la Sala ha comunicado este martes el criterio del tribunal sobre que la Audiencia Nacional "no es competente para el enjuiciamiento de estos hechos en los términos que están formulados en el escrito de acusación", lo que se reflejará en los próximos días un auto.

El tribunal no ha compartido los argumentos de la Fiscalía sobre que el caso debería enjuiciarse en la Audiencia Nacional porque el presunto blanqueo, aunque materializado en Marbella, tiene una dimensión internacional por el empleo de empresas radicadas en el extranjero, el uso de paraísos fiscales o por haber actuado como una organización.

En este procedimiento están acusados seis familiares del expresidente sirio Bashar Al Assad (la mayoría primos suyos) y otras dos personas, a quienes la Fiscalía pide 6 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales por medio de organización.

En la primera sesión del juicio todos ellos negaron haber blanqueado con la compra de inmuebles en la Costa del Sol española 700 millones de euros de procedencia ilícita, buena parte supuestamente usurpados al Tesoro de Siria.

Inicialmente también se iba a sentar en el banquillo Rifat Al Assad, tío del expresidente sirio, ya octogenario, y que era el supuesto jefe de una sociedad societaria diseñada para ese blanqueo, aunque finalmente se le retiró del juicio por motivos de salud.

El tío del derrocado Bashar Al Assad, con una condena de 4 años de cárcel en Francia también por blanqueo mediante la compra de inmuebles valorados en un total de 90 millones de euros, estaba según el fiscal en la "cúspide" de una organización dedicada al blanqueo a través "de instrumentos societarios y de cientos de sociedades en cascada administradas por la familia".

La actividad se habría prolongado hasta su "bloqueo", tanto en España como en otros países europeos y además de las cantidades "ilícitamente depredadas del tesoro sirio", en los años 70, se estima que Rifat obtuvo también ingentes recursos ilícitos de múltiples actividades delictivas como la extorsión, amenazas, contrabando, expolio de riquezas arqueológicas, usurpación de inmuebles y el narcotráfico.

El total de dinero de origen ilícito, por diversas procedencias, ha sido estimado por la oposición siria en alrededor de 4.000 millones de dólares de la época, y "no consta el modo en que el acusado situó dichas cantidades fuera del Estado sirio".as autoridades del Peñón retiraron el 8 de febrero de 2010 la licencia para operar a las personas que supuestamente les ayudaron a cometer estos presuntos delitos. Las primeras adquisiciones de los Assad en España se sitúan en 1986, con la compra de 244 plazas de garaje a través de una sociedad gibraltareña, y después fue invirtiendo en inmuebles y negocios en la provincia de Málaga, especialmente en puntos estratégicos de la Costa del Sol. En la localidad de Benahavís adquirió una finca de 33 millones de metros cuadrados. Se calcula que las 507 propiedades adquiridas en España tienen actualmente un valor de cerca de 700 millones de euros, siempre según la Fiscalía.

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