El Parlamento gibraltareño ha aprobado de manera unánime una propuesta de Ley para la Asistencia Judicial Mutua (Consejo de Europa) y una propuesta de Ley para la Extradición.

Los acuerdos respecto a la asistencia judicial entre países sirven el propósito de recabar e intercambiar información en un esfuerzo por hacer cumplir las leyes civiles o penales. En la actualidad, asegura el Gobierno yanito en un comunicado, Gibraltar proporciona y solicita asistencia de la mayoría de estados miembros de la UE según el reglamento de la Orden Europea de Investigación de 2017.

La propuesta aprobada permite ahora al Gobierno solicitar la extensión a Gibraltar del Convenio del Consejo de Europa sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal, firmado en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, ya que en la actualidad no se aplica. La propuesta de ley fue certificada como urgente por el ministro principal a raíz de los planes de contingencia de Brexit del Gobierno de Gibraltar, puesto que el Convenio ha sido identificado por el Reino Unido como necesario para mitigar los efectos de un posible escenario de Brexit sin acuerdo.

En cuanto a la Ley para la Extradición, permitirá solicitar la extensión a Gibraltar del Convenio Europeo de Extradición de 1957 y sus cuatro protocolos. Está basada en la Ley de Extradición del Reino Unido. Gibraltar se encuentra ahora en posición de ofrecer un marco legislativo similar, al adoptar el modelo británico para la asistencia judicial en la lucha contra el crimen.

El Despacho Legal del Gobierno ha estado colaborando con funcionarios del Ministerio del Interior británico, quienes han instado al Gobierno de Gibraltar a aprobar la legislación necesaria, antes de finales de año, para que la ratificación del Convenio por parte del Reino Unido pueda ser extendida a Gibraltar antes de la fecha de la retirada de la UE.

El ministro de Salud, Atención y Justicia, Neil F. Costa, destacó que se aseguran “dos objetivos importantes. El primero es asegurar que aquellas personas que deban comparecer o ser condenadas por un tribunal no puedan evitar las consecuencias de sus crímenes huyendo de una jurisdicción. Nuestro segundo objetivo es asegurar que las pruebas para demostrar un crimen que se encuentren fuera del Estado donde se esté llevando a cabo la investigación o acusación puedan ser obtenidas fácilmente por parte de los estados”.