Gibraltar

España cree que la fórmula es la mejor para todos los habitantes de la zona

  • El escrito enviado a todos los países europeos resalta que el Peñón mantendría su alto grado de autonomía

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación defiende en un texto remitido a todos los países de la Unión Europea que la fórmula de la cosoberanía de Gibraltar sería beneficiosa para "los trabajadores españoles en el Peñón, así como el área vecina y sus habitantes" y, sobre todo, para los gibraltareños, ya que los Tratados de la UE podría seguir aplicándose en el territorio.

"Es fundamental que el estatus de Gibraltar sea excluido de las negociaciones que establecen un nuevo marco de relaciones entre el Reino Unido y la UE, ya que está sujeto a las negociaciones directas bilaterales", explica este último país en el escrito, en el que argumeta que tiene "un interés legítimo en las relaciones de Gibraltar con la UE". "Esto se deriva de la consideración por las Naciones Unidas de la existencia de una situación colonial en Gibraltar (Resolución 2429 [XXIII]), que viola la integridad territorial de España (Resolución 1514 [XV]), una situación que se debe poner fin a través negociaciones bilaterales entre el Reino Unido y España (Resolución 2070 [XX])", relata.

El Ministerio argumenta que "las negociaciones sobre la soberanía, como ha señalado las Naciones Unidas, corresponden exclusivamente a los Gobiernos de España y del Reino Unido. Esto no impide que se tengan en cuenta los intereses de la población de Gibraltar y también los de las habitantes del Campo de Gibraltar". Por tanto, la propuesta española de cosoberanía "es una solución beneficiosa para todas las partes" porque, a juicio del Gobierno en funciones de España, "pondría fin a la última situación colonial en Europa y a una polémica de 300 años entre dos países que son amigos cercanos y aliados. El acuerdo sería favorable al mantenimiento de la estabilidad y la prosperidad de Gibraltar y fortalecería más el desarrollo de las relaciones entre los dos países sobre una nueva base".

Los gibraltareños, se lee en el aide-memorie, podrían beneficiarse de un estatus personal que les permitiría adquirir la nacionalidad española sin tener que renunciar a la británica. "De acuerdo con el artículo 144 b) de la Constitución Española, Gibraltar podría disfrutar de un alto grado de autonomía, tan grande como el actual, excepto en asuntos exteriores y defensa, que serían responsabilidades del Reino Unido y España", continúa.

Con la cosoberanía, finaliza el documento, se pondría fin a una controversia "que influye negativamente en las negociaciones que establecen un nuevo marco de relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea". "Hay muchas áreas (por ejemplo, las cuestiones del medio ambiente, de pesca y de la aviación civil) que están siendo bloqueadas debido a la controversia", finaliza.

Al principio del documento, Asuntos Exteriores hace un repaso a la historia del contencioso en la que resalta que todas las conversaciones anteriores para intentar resolverlo han fracasado. "El Brexit nos presenta una oportunidad para desbloquear tanto la disputa bilateral como el punto muerto en el que está la regulación de la UE".

"La disputa sobre Gibraltar, la única colonia existente en Europa, es un vestigio de los conflictos dinásticos del Antiguo Régimen. La ciudad fortificada fue ocupada en 1704, durante la Guerra de Sucesión española, por una flota anglo-holandesa. Gibraltar fue cedido a Gran Bretaña por la Corona española en virtud del Tratado de Utrecht de 13 de julio 1713", narra el departamento de García-Margallo, que recuerda que "sólo la ciudad y el castillo de Gibraltar fueron cedidos, junto con el puerto, fortificaciones y fortalezas que le pertenecen. España no dió el istmo, las aguas que lo rodean o el espacio aéreo". "España tiene preferencia en la recuperación de este territorio en el caso de que la Corona de la Gran Bretaña debea resolver la concesión, venta o enjanación por cualquier medio", apostilla.

En lo que se refiere a las aguas territoriales y el espacio aéreo, España "no reconoce espacios distintos de los comprendidos en virtud del artículo X del Tratado de Utrecht (es decir, las aguas interiores del puerto) que son parte del Reino Unido. En consecuencia, España hizo las declaraciones correspondientes a la firma y ratificación de la Convención sobre el Derecho del Mar (1982) de la ONU". Además, subraya que "más de la mitad del istmo (1,06 km2) fue retenido ilegalmente por el Reino Unido durante el siglo XIX, donde levantó una valla en 1909. Un aeropuerto fue construido en el istmo ocupado ilegalmente en 1938".

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