España enerva a Gibraltar al exigir que normalice su fiscalidad tras el 'Brexit'

La decisión del Gobierno español de condicionar la negociación del Brexit a que Gibraltar deje de ser un "paraíso fiscal" -y equipare su legislación a su entorno español- enervó ayer al Ejecutivo de Fabián Picardo. El ministro principal de la Roca arremetió con dureza contra el Gobierno de Mariano Rajoy, del que dijo que "tendrá que explicar al Campo de Gibraltar por qué los ciudadanos españoles que empezarán a trabajar en el Gibraltar tras el Brexit no gozarán de los mismos derechos que los gibraltareños en sus lugares de trabajo".

"La respuesta -se responde Picardo- será la victoria pírrica que supone la cláusula 24 de las directrices de negociación y la decisión del Gobierno español, que busca dejar a Gibraltar fuera de cualquier acuerdo futuro entre el Reino Unido y la Unión Europea". "Como de costumbre -añadió- las víctimas principales serán los trabajadores españoles de esta región, con una alta tasa de desempleo. Como de costumbre, el bienestar de su propio pueblo nunca se ha interpuesto en sus ambiciones neocoloniales en relación con nuestra patria".

Estas declaraciones subidas de tono vienen despuésde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya puesto negro sobre blanco su viejo objetivo de acabar con la situación de "injustificado privilegio" en la que ha derivado el Estatuto del Peñón en las últimas tres décadas tras la incorporación de España a la antigua Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. Esta determinación aparece en el informe titulado Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE, elaborado por la Secretaría de Estado para la UE y remitido al Congreso de los Diputados. Este documento, que fue avanzado por El País, traza las líneas rojas en las que el Ejecutivo español quiere enmarcar las conversaciones.

El Consejo Europeo avaló el pasado sábado la capacidad de veto del Gobierno español sobre cualquier acuerdo entre la UE y el Reino Unido que ataña a Gibraltar. Ayer, la propia Comisión Europea ratificó definitivamente ésta y el resto de directrices para la engociación.

El informe del Gobierno recuerda que el régimen especial del que goza la colonia "es una condición que España tuvo que aceptar en su momento" para incorporarse a la CEE debido a que que el Reino Unido ya formaba parte del club comunitario desde 1973. El Peñón tiene el estatus de territorio sujeto a descolonización y no forma parte del Reino Unido, aunque sus relaciones exteriores dependen del Gobierno británico.

El informe recoge que Gibraltar disfruta de libertad de circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Sin embargo, no se le aplica la legislación del Reino Unido ni forma parte de la Unión Aduanera. Esta situación le ha permitido desarrollar "un régimen propio extremadamente permisivo en materia fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades, que en la práctica lo ha convertido en un paraíso fiscal". El Gobierno español plantea acabar con una situación que califica de "competencia desleal". El informe también apunta como línea prioritaria la negociación de los derechos de los más de 100.000 españoles que residen oficialmente en el Reino Unido y las 286.000 personas de nacionalidad británica que viven en España.

El Gobierno aboga por que "se reconozcan la totalidad de los derechos que ahora tienen los nacionales en virtud de la legislación comunitaria". El documento también hace una mención expresa a los más de 7.000 trabajadores españoles que trabajan en el Peñón, y subraya la necesidad de "preservar esos mismos derechos",

Gibraltar, que se define como un "régimen de baja fiscalidad", ha rechazado en numerosas ocasiones la acusación de paraíso fiscal. Sostiene que su impuesto de sociedades se sitúa en el 12% frente al tipo del 25% aplicado de media en el lado español de la frontera. En el referéndum del Brexit, más del 96% de la población apoyó la permanencia en la Unión Europea.