Las bodas y los divorcios se podrán tramitar ante notario

Las bodas y divorcios se podrán tramitar a partir de ahora ante el notario, ha anunciado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al informar del anteproyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria aprobado por el Gobierno. Según han explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saenz de Santamaría, y el titular de Justicia en rueda de prensa, se trata de liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales en las que no haya litigio entre partes.

Han añadido que con ello se descongestionará a la Administración de Justicia para que determinados asuntos sean resueltos por otros operadores como notarios, registradores y secretarios judiciales de una forma más ágil. Alberto Ruiz-Gallardón ha aclarado que no se trata de privatización alguna ya que "todo entra dentro de lo público" pues se descarga a los jueces de tareas que hasta ahora eran de su competencia exclusiva y que asumirán otros funcionarios públicos como los notarios, los registradores y los secretarios judiciales.

El ministro ha comentado que tan solo existirán costes no obligatorios si se opta por alguna de las vías previstas en la ley, como por ejemplo contraer matrimonio ante notario. No obstante, en este caso será el Gobierno el que fije el arancel a pagar por cada matrimonio ante notario, que será de 95 euros, cantidad que ha calificado de asumible teniendo en cuenta que es un acto que no se celebra muchas veces en la vida. De esta forma los más de 50.000 expedientes de jurisdicción voluntaria sin controversia ni disputas se redistribuirán entre los diferentes operadores para que los jueces puedan centrarse en su principal tarea que es "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". Ha añadido que el hecho de que los notarios puedan celebrar matrimonios rebajará las listas de espera en los registros civiles.

Otra novedad destacada por el ministro es la posibilidad de que los notarios también puedan tramitar divorcios cuando haya mutuo acuerdo entre los cónyuges y no existan menores ni personas con capacidad judicialmente complementada (que es la nueva denominación que según la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con discapacidad recibirán a partir de ahora estas personas), es decir casos en los que no debe intervenir el fiscal. Las personas sin capacidad para litigar podrán acogerse también a la justicia gratuita cuando estos procedimientos los lleven operadores distintos a los jueces.

Ruiz-Gallardón ha subrayado que dada la trascendencia de este anteproyecto el Ministerio abre un diálogo para recabar la opinión de los diferentes sectores representativos del mundo de la Justicia como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Comisión General de Codificación y los consejos de la Abogacía, de Procuradores, de Notarios y de Registradores. El ministro estima que el anteproyecto aprobado unido a la ampliación de hasta cien plazas para la convocatoria de jueces y fiscales para el año que viene supone un instrumento para instrumento para tratar de descargar el trabajo de los tribunales.

Los secretarios judiciales rechazan la medida

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) considera que el anteproyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria es "otra apuesta más por la privatización de la Justicia". En un comunicado, la UPSJ señala que la propuesta está orientada a "incrementar el volumen de negocio" de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. "No existe ningún motivo que impida que el conocimiento de estas materias se le otorgue a los secretarios judiciales", de forma que sería gratuito para los ciudadanos y quedaría en manos de unos profesionales con experiencia en estas cuestiones, en opinión de la UPSJ.

Este colectivo precisa que el anteproyecto atribuye a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles aquellas materias de jurisdicción voluntaria "con una mayor cuantía económica". El anteproyecto parte de la idea de que los jueces deben centrarse en su misión constitucional de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", por lo que reduce a la mínima expresión su conocimiento en los asuntos de jurisdicción voluntaria, según la UPSJ. Los jueces únicamente se encargarán de las materias que afecten al interés público, al estado civil de las personas, menores e incapaces.

El resto de materias se atribuirá a secretarios judiciales, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, de modo que cada uno de ellos tendrá una competencia exclusiva y excluyente, con alguna salvedad compartida por secretarios judiciales y notarios como consignaciones y robo, hurto, extravío o destrucción de títulos al portador. La UPSJ sostiene que "no es cierto" que este anteproyecto contribuya a descongestionar juzgados y tribunales, ya que las bodas y divorcios consensuados llevan poco retraso y son fáciles de tramitar.