El Ayuntamiento de Chipiona lleva a Fiscalía la problemática con los vertidos mineros al Guadalquivir apoyado en un estudio de científicos andaluces

El Ayuntamiento de Chipiona presentará este martes ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia relacionada con los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir, basándose en una investigación científica elaborada por investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada y el Acuario de Sevilla que cuestiona las autorizaciones concedidas para verter al río desde las minas de Cobre Las Cruces y Los Frailes, en Aznalcóllar, según ha contado El Conciso.

De forma paralela, la organización Facua Andalucía ha anunciado que presentará también su propia denuncia ante el Ministerio Fiscal por los posibles riesgos ambientales y de seguridad alimentaria asociados a estos vertidos.

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, explicó durante la presentación del estudio en el Rectorado de la Universidad de Sevilla que el consistorio trasladará a la Fiscalía un documento fundamentado con indicios que, a su juicio, podrían apuntar a la comisión de un delito contra el medio ambiente relacionado con la posible contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar y del estuario del Guadalquivir. El objetivo, según señaló, es que el Ministerio Fiscal analice la información disponible, recabe los informes que considere oportunos y determine si procede abrir una investigación y adoptar medidas cautelares.

En la misma línea, Facua Andalucía anunció que acudirá también a la Fiscalía de Medio Ambiente guiándose por los estudios científicos presentados y otros informes existentes. La organización considera que el Ministerio Fiscal debe analizar la situación y valorar la adopción de medidas preventivas ante los posibles riesgos para el medio ambiente y para la seguridad alimentaria.

Además de la vía judicial, los promotores de esta iniciativa reclaman establecer una moratoria sobre los vertidos mineros autorizados al Guadalquivir y la creación de un comité científico interdisciplinar e independiente que asesore a la administración autonómica en la evaluación de los posibles impactos ambientales.

Apoyo institucional y social

La iniciativa fue presentada en el Rectorado de la Universidad de Sevilla y cuenta con el respaldo de distintos ayuntamientos del estuario del Guadalquivir, entre ellos Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Los Palacios y Lebrija, así como de organizaciones sociales, pesqueras, agrarias y ecologistas. Durante el acto, el alcalde de Coria del Río, Modesto González, defendió la necesidad de proteger el Guadalquivir, que calificó como “el alma” de numerosos municipios ribereños, y reclamó que administraciones y sociedad civil den un paso adelante para evitar el deterioro del ecosistema.

En la misma línea, el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, aseguró que los municipios del estuario continuarán trabajando junto a universidades y colectivos sociales para que se escuchen las conclusiones de los investigadores y se evalúe el impacto que los vertidos pueden tener sobre las actividades económicas vinculadas al río.

Desde el sector agrario, COAG Andalucía expresó también su preocupación por las posibles repercusiones de los vertidos en la agricultura del Bajo Guadalquivir. La organización advirtió de que la calidad del agua es un factor clave para los cultivos de la zona y alertó de que cualquier deterioro podría afectar tanto a los suelos y a las aguas subterráneas como a la imagen de los productos agrícolas que se comercializan desde las marismas.

Entre las entidades que respaldan esta iniciativa figuran también la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, la asociación de mariscadores Jarife, FACUA, COAG, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua, entre otros colectivos.

Ante denuncias ya interpuestas en el pasado, desde Ecologistas en Acción se asegura que se trata de una "carrera de fondo" y que no guardan relación efectiva los distintos litigios judiciales.

Base científica de la reclamación

Durante la presentación del estudio, el profesor de la Universidad de Sevilla Jesús Manuel Castillo expuso varios argumentos científicos que, según el equipo investigador, cuestionan la base técnica de las autorizaciones concedidas. Entre ellos señaló que no se han evaluado los efectos acumulativos y sinérgicos que podrían producirse si los vertidos procedentes de Cobre Las Cruces y de la mina de Aznalcóllar se realizan de forma simultánea.

Asimismo, apuntó que las autorizaciones no habrían tenido en cuenta aspectos fundamentales de la fisicoquímica del estuario, al asumir que los metales vertidos permanecerían disueltos en el agua. Según explicó, la mayor parte de estos elementos tiende a adherirse a partículas en suspensión, lo que favorece su acumulación en los sedimentos del fondo.

El investigador también destacó que no se habrían considerado adecuadamente aspectos hidrodinámicos clave del estuario del Guadalquivir, donde las partículas a las que se adhieren los metales pueden desplazarse aguas arriba y depositarse en el fondo del río.

Asimismo, subrayó que otro elemento relevante que, a su juicio, no se ha tenido en cuenta es el tiempo de residencia del agua en el estuario interior, que puede superar habitualmente los cien días y favorecer la permanencia de contaminantes en el sistema.

Por último, Castillo advirtió de los procesos de bioacumulación y biomagnificación, por los cuales los metales depositados en los sedimentos pueden incorporarse a la flora y la fauna del estuario y transmitirse a lo largo de la cadena trófica.

Sobre el dictamen técnico encargado por Cobre Las Cruces y elaborado por Aicia, la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía y el departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, Castillo alega que "la clave no está en el agua, sino en los sedimentos" y que a este respecto se hace referencia a la normativa sobre el material dragado cuando no tiene sentido cuando se habla de cuidado de la biodiversidad.