Todos lo dicen. En los despachos se habla mucho de ello, aunque menos en las apariciones públicas. Es un secreto a voces. La Isla de las Palomas, considerada la joya de la corona del Parque Natural del Estrecho, está secuestrada. Desde que en octubre de 2002 el Gobierno acordase la reserva del suelo -entregado por Defensa a Medio Ambiente unas semanas antes-, en favor del Ministerio de Interior para establecer en la isla un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el uso y disfrute públicos de los valores culturales, patrimoniales y ambientales del punto más meridional de Europa están regulados por Interior y las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, responsables de custodiar la entrada y salida a la isla.

Pero la presión social y política para colocar a este enclave natural en el lugar que merece es cada vez mayor. A la protesta en la calle de los colectivos en favor de los derechos humanos y partidos de izquierda reclamando el cierre de los CIE, se unen los informes de los jueces y de la oficina del Defensor del Pueblo solicitando unas instalaciones más dignas para internos y funcionarios. El CIE tarifeño, que nació como una extensión del ubicado en la antigua cárcel de La Piñera, en Algeciras, cumplirá 15 años en este 2017. Más de una década sin otra alternativa, que ahora empieza a vislumbrarse con el anuncio de unas nuevas instalaciones, un centro de internamiento con mayor capacidad en Algeciras que permitiría el cierre definitivo del abierto en la isla.

La presión para abrirla es cada vez mayor, aunque en el aire está cómo será gestionada

De momento, estos quince años solo han servido para acelerar el progresivo deterioro de los elementos patrimoniales de este espacio, hasta 30 según el catálogo elaborado por el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) en el año 2014, una línea que parece haberse revertido con la voluntad de la delegación territorial de Cultura de iniciar los trámites para declarar a la isla como Bien de Interés Cultural (BIC), asignándole así una figura de protección que no tiene y que le permitiría recibir recursos para su conservación.

La isla, que se vende en los portales de turismo activo como "la famosa e inaccesible Isla de las Palomas", es propiedad del Ministerio de Medio Ambiente por estar incluida dentro del Domino Público Marítimo Terrestre. Su uso está cedido al Ministerio del Interior, que es su responsable operativo en la actualidad. La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), encargada de la gestión del faro y con derecho de paso, y la Consejería de Medio Ambiente, que tiene asumida la gerencia del Parque Natural del Estrecho, completan el conjunto de administraciones que tienen algo que decir en el futuro del enclave protegido. La última junta rectora del parque natural, celebrada esta misma semana, volvió a pronunciarse en contra de la presencia del CIE en la isla.

Esta no ha sido la única vez que la administración andaluza ha reclamado su cierre. En febrero de 2014 el Parlamento andaluz instó al Gobierno a través de una Proposición No de Ley a que decretase el cierre de la CIE y extinguiese la actual reserva a nombre del Ministerio del Interior para que el dominio público de la isla de Tarifa quedase a disposición de la Junta de Andalucía. La cámara andaluza añadió en su propuesta una petición al Consejo de Gobierno para que "lidere un proyecto para la puesta en valor de la isla y sus instalaciones que permita el desarrollo de las potencialidades turísticas, culturales y educativas del espacio en armonía con los valores que protege el parque natural".

La exigencia hecha por los parlamentarios andaluces abrió una línea de debate que hoy está más viva que nunca. ¿Qué ocurrirá el día después de que el CIE se cierre y las Fuerzas y Cuerpos de SEguridad la abandonen? "Ya deberíamos estar discutiendo sobre esta cuestión y por eso siempre he defendido que habría que reactivar la mesa de trabajo creada en 2014 cuanto antes. Estamos en la obligación de llamar a las cosas por su nombre y establecer un modelo de gestión imaginativo que garantice la preservación del valor de la isla al mismo tiempo que garantice su disposición al ciudadano, lo cual aseguraría la generación de recursos económicos", explica Ángel Sáez, director del IECG.

El grupo de trabajo al que hace referencia Sáez fue puesto en marcha por iniciativa de la anterior dirección del parque, interesada en valorar el estado y los posibles usos de la Isla de las Palomas. Este grupo tan solo celebró una primera reunión en la que el IECG se comprometió a la elaboración de un catálogo de los bienes monumentales del espacio. El documento, en el que participaron más de una veintena de investigadores, fue presentado en las XII Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar celebradas en Tarifa ese mismo año. Sin embargo, nunca se supo de la utilidad del mismo.

Ahora, las presiones de los colectivos encargados del cuidado del patrimonio y la apuesta decidida de la nueva directora del Parque Natural del Estrecho, María Eugenia San Emeterio, por poner en valor la isla han llevado a la delegación territorial de Cultura a iniciar su catalogación como Bien de Interés Cultural. La empresa Yamur Arquitectura y Arqueología entregó a finales del pasado año un documento que ha ido un poco más allá del catálogo liderado por el instituto campogibraltareño añadiendo coordenadas de situación y datos sobre el estado de conservación de los distintos elementos. Este es, hasta la fecha, el último paso que se ha dado en la línea de su declaración como BIC.

"La delegación territorial de Cultura nos encargó un trabajo destinado a clarificar qué es lo que hay, qué valor patrimonial tiene y en qué estado de conservación se encuentra", explica Pedro Gurriarán, responsable de la empresa encargada de esta tarea.

Gurriarán reconoce que la declaración de la isla como BIC sería un paso muy importante, y señaló que la voluntad de los responsables de Cultura por poner en valor todo ese patrimonio es firme.

Hasta entonces, la presión seguirá recayendo sobre los responsables de Cultura, a quienes exigen actuaciones de emergencias sobre determinados elementos de un conjunto de obras defensivas del siglo XVIII -que incluyen baterías, cuarteles, polvorines y aljibes- que tiene una extensión más grande que el casco urbano de Tarifa. A todo esto se une, para más argumentos, su valor ambiental, parte fundamental de la declarada Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.