El alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, se ha reunido con agricultores afectados, representantes partidos políticos locales, sindicatos agrarios locales y grupos ecologistas para informarles sobre las actuaciones administrativas, alegaciones y recursos presentados a los planes que pretenden instalar en el municipio las líneas de evacuación de los proyectos de energía fotovoltaica de Sancho, en San Roque, y La Herradura, en Jimena de la Frontera.

La mayoría de agricultores perjudicados, representantes de COAG, Ecologistas en Acción, Sindicato Andaluz de Trabajadores, portavoces de los grupos políticos presentes en la corporación municipal, junto con la asistencia jurídica contratada para la defensa, asistieron a la convocatoria donde se expusieron el conjunto de actuaciones realizadas hasta el momento y se consensuaron nuevas líneas de acción que incluyen las movilizaciones.

Vaca ha propuesto la constitución de una Comisión Organizadora para programar las diferentes actuaciones que se pretenden desarrollar en las próximas semanas. Este órgano trabajará en dos líneas. La primera, la de protesta, para continuar expresando el rechazo unánime al trazado actual del proyecto de fotovoltaicas, la subestación; y la segunda, la de propuesta de alternativas mejoradas, con la demanda de un plan de ordenamiento previo para que la implantación de las fotovoltaicas en el territorio sea estructurada, ordenada y cuente con una supervisión supramunicipal.

La Comisión Organizadora estará formada por el alcalde, dos representantes de los grupos políticos de la Corporación, PSOE e IU, dos representantes de los agricultores de Castellar, el secretario provincial de COAG, un representante de la Cooperativa de Tesorillo y dos representantes de Ecologistas en Acción y el SAT. La primera reunión está convocada para el próximo lunes y está previsto que en ella se decidan las acciones a adoptar en las próximas semanas.

Entre las medidas adoptadas hasta el momento, el Ayuntamiento ha solicitado encuentros con la Dirección General de Política Energéticas y Minas, así como a la de Evaluación Ambiental, con la intención de poder trasladar al Ministerio de Transición Energética la necesidad de articular mecanismos que coordinen y regulen la implantación de las fotovoltaicas en los municipios, “evitando así la indefensión que los Ayuntamientos tienen con motivo de la desregulación que existe actualmente”, reiteró el regidor municipal.

En el ámbito municipal, desde el ayuntamiento de Castellar se estudia la posibilidad de iniciar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, así como la petición de redacción de un informe que posibilite suspender temporalmente las licencias que puedan solicitarse.

Las propuestas municipales se basan en la posibilidad de aprovechar los trazados eléctricos con los que ya cuenta el municipio, por un lado, o en aprovechar caminos públicos, para que la línea de evacuación discurra por ella de forma soterrada, salvando así la zona agrícola, la cercanía al casco urbano y el paso de las líneas por zona de especial protección y suelo urbano consolidado.