El alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, ha anunciado en sus redes sociales la decisión de expulsar a la empresa Acuaponía XXI de la finca Los Cuarteles, situada en La Almoraima y propiedad del Ayuntamiento, donde, teóricamente, debería haber desarrollado la implantación y explotación de un proyecto ecoturístico y/o agroecológico y forestal. Esta finca fue cedida por el Gobierno español en 2015 para la generación de riqueza en el municipio. 

"Acuaponía no ha abonado el alquiler de la finca desde 2019, ni solicitado licencia de obras, ni informado del progreso de los proyectos en Castellar", ha publicado este martes el alcalde, Adrián Vaca, dando respuesta a las recientes declaraciones realizadas por el representante de Acuaponía XXI sobre la viabilidad del proyecto asentado en el municipio, y aclarar que el Ayuntamiento solicitó el desahucio de la finca al Juzgado Mixto nº 3 de San Roque en diciembre del 2021, para la resolución del contrato.

El Consistorio ha solicitado recientemente la notificación por edicto ante la incomparecencia reiterada ante la autoridad judicial por parte de la empresa Acuaponía XXI. "Desde que llegamos al gobierno municipal, Acuaponía se ha dedicado a vender humo y predicar la disposición de supuestos inversores de todas las nacionalidades del mundo que nunca llegaron. Después de muchas reuniones, se ha tenido paciencia por ver si el proyecto despegaba y se impulsaba. La decisión obedece a la defensa de los intereses de los chisparreros para que se desarrolle un proyecto real y con financiación que lo respalde", explicaba Adrián Vaca. 

El largo "culebrón" de Acuaponía

El pleno de la Corporación Municipal celebrado 27 de julio de 2021 procedió a la aprobación por unanimidad de la propuesta de alcaldía por la que se iniciaba el procedimiento de resolución del contrato con Acuaponía XXI, S.L. por el que se producía el arrendamiento de la finca Los Cuarteles para la implantación y explotación de un Proyecto Ecoturístico y/o Agroecológico y Forestal.

El contrato de arrendamiento se firmó en julio de 2018, momento en el que se deberían ir dando pasos para cumplir las condiciones objeto del mismo y que, hasta la fecha, según el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, no se han materializado, comenzando por el abono de las rentas anuales de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, superando la cifra de los 100.000 euros a los que habría que sumar los correspondientes intereses.

"A la vista de la situación en la que se encuentra el contrato y tras haber trasladado a la empresa la necesidad urgente de buscar solución a la situación, el gobierno municipal reunió informes perceptivos a fin de poner iniciar la resolución del mismo", argumenta el primer edil, Adrián Vaca.

Del Proyecto de Actuación que presentó la empresa, y que aprobó el Ayuntamiento en mayo de 2019, generó una prestación compensatoria a favor del Ayuntamiento por importe de 372.553,47 euros, recogido en los presupuestos del ejercicio 2019 y que iba destinada a obras de desarrollo urbanístico de viviendas protegidas. "Cantidad que tampoco se ha satisfecho hasta el momento", indican desde el Consistorio. A esta falta de ingresos por parte de la empresa arrendataria, desde el Ayuntamiento advierten que hay que sumar los más de 127.000 euros que Castellar de la Frontera destinó en 2018 para preparar la finca al arrendatario, "sin que ahora satisfaga los compromisos adquiridos en el contrato suscrito".

Tras el inicio de la resolución del contrato, la empresa Acuaponía XXI le fue notificado el acuerdo e interpuso un recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera que, una vez obtenidos los informes jurídicos previos que ponían de manifiesto el incumplimiento del contrato desde antes de iniciarse la pandemia, fue desestimado por el Pleno de la Corporación por unanimidad en la sesión celebrada el 27 de enero de 2022.