La Agencia Tributaria desmantela una macrotrama del IVA en los hidrocarburos que defraudó más de 300 millones en un año

La Agencia Tributaria ha asestado uno de los golpes más contundentes contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos al desmantelar una red criminal con implantación en todo el territorio nacional a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en IVA solo durante el año 2024. Se trata, según el propio organismo, de una de las dos mayores tramas de este tipo detectadas hasta la fecha en España.

La operación, bautizada como Pamplinas Stars, ha culminado con la detención de cinco personas, consideradas responsables de la organización —entre ellas uno de sus líderes, que ya ha ingresado en prisión—, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. En el dispositivo han participado más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria.

En el marco de la investigación se han practicado 18 registros en doce localidades de siete provincias, con un balance que da idea de la magnitud del fraude: inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, grandes cantidades de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

La investigación se inició a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria detectó posibles irregularidades en la actividad de un operador mayorista que comenzó a vender grandes volúmenes de hidrocarburos a finales de 2023. En ese momento, aún no estaba en vigor la modificación normativa que desde enero de 2025 obliga a los operadores inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) a presentar declaraciones mensuales y a integrarse en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).

Esa laguna permitió a la empresa presentar declaraciones trimestrales y limitar la identificación de clientes y proveedores a una comunicación anual, lo que facilitó el presunto fraude.

Según los investigadores, la primera operadora habría declarado cuotas de IVA devengado muy inferiores a sus ventas reales, mientras inflaba las cuotas de IVA soportado. Para ello, operaba a través de empresas instrumentales que facturaban formalmente a los destinatarios finales el producto extraído.

Cuando la Agencia dio de baja a esta empresa del Redef a mediados de 2024, la actividad defraudatoria no se detuvo. Una segunda operadora comenzó a vender hidrocarburos en octubre de ese mismo año, pero fue expulsada del registro apenas un mes después. En ese breve periodo, entre octubre y noviembre, habría defraudado 123 millones de euros, según las estimaciones de la investigación.

A mediados de diciembre de 2024 entró en escena una tercera operadora, que hasta entonces había operado dentro de depósito fiscal. Apenas cinco días después de iniciar la actividad fraudulenta, la Agencia Tributaria también procedió a su baja en el Redef.

Con las tres operadoras inhabilitadas y expulsadas del mercado, las pesquisas continuaron bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

El resultado final fue el destape de una estructura “vasta y compleja”, formada por hasta 38 sociedades, diseñada con una doble finalidad: defraudar el IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas y trasladar los fondos obtenidos al extranjero para dificultar su trazabilidad.

La organización contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales, y destinaba parte de los beneficios a adquirir nuevas sociedades inscritas en el Redef para dar continuidad al fraude.

Según la Agencia Tributaria, esta mecánica permitía vender a precios anormalmente bajos, crecer con rapidez y expandir la operativa por todo el país, concentrando en muy poco tiempo un grave perjuicio tanto para la Hacienda pública como para la competencia legal del sector.