"Una reforma de la Justicia debe ir con recursos. Si no, se queda a medio camino"

La fiscal Aurora Andrés (Albacete, 1977) acaba de asumir la dirección del nuevo Servicio Especial de Lucha contra la Corrupción creado en la Fiscalía de Área de Algeciras para agilizar estos procedimientos. Con diez años de experiencia en el Ministerio Público, es también fiscal de Seguridad Vial para la comarca.

-¿Cómo recibió el encargo del fiscal jefe, Juan Cisneros, para dirigir este nuevo departamento anticorrupción?

-Al contrario que con otras funciones que me han sido encomendadas, como seguridad vial, fue sorpresivo. Incluso me sentí un poco desubicada porque se trata de una materia de mucha complejidad. Tener un proyecto nuevo es ilusionante, supone un punto de inflexión en mi carrera.

-¿Por qué es necesario un departamento para luchar contra la corrupción en la comarca? ¿Tantos casos hay?

-Se ha buscado una solución para dar mayor eficacia porque el fiscal delegado provincial está desbordado. Hay muchos casos y muy complejos que requieren de una respuesta contundente y ágil. Hasta ahora el fiscal jefe asumía las causas de la comarca, pero también está desbordado. La misión principal será dar un impulso a lo que está iniciado y cumplir plazos. Para empezar, haremos balance de las causas que tenemos.

-¿Conoce ya alguna de las causas que gestionará?

-Una de las principales, que asumiré desde el principio, se basa en la retirada de los complementos salariales a la plantilla municipal de La Línea. Los conocidos 408 euros. También de Los Barrios. Tenemos varias denuncias que nos van dar bastante trabajo.

-¿Por qué está la causa de los 408 euros en el ámbito de la anticorrupción si la retirada se basa en una decisión administrativa tras una sentencia firme?

-La denuncia fue traída directamente a Fiscalía. Ahora analizaremos su fundamento para valorar si el asunto conlleva algún tipo de delito, como una posible prevaricación, o si debe resolverse en el ámbito de lo contencioso.

-La Fiscalía de Área de Algeciras justifica la creación de este servicio, además de en la carga de trabajo, en que la corrupción es uno de los principales problemas percibidos por la ciudadanía. ¿Cree usted que hay más casos de corrupción, que ahora tienen más visibilidad o que la sociedad es menos tolerante con este tipo de delitos?

-(Piensa un instante). Creo que hay más casos que antes. La sociedad siempre ha sido igual de exigente, siempre ha solicitado una respuesta. Por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género o los accidentes laborales, que en su día siquiera estaban tipificados, se ha demandado una respuesta contundente. Va por ciclos y delitos, pero la sociedad siempre exige una respuesta contundente, también en la corrupción.

-¿El fiscal de una materia tan relevante como anticorrupción corre el riesgo de quemarse con el foco?

-Depende de cómo lleve cada uno su trabajo y lo que quiera exponerse. El trabajo está en el despacho y los juicios. Habrá asuntos muy mediáticos que habrá que comunicar y exponer, dentro de lo que permitan las investigaciones.

-A veces sucede. Personas del ámbito de la Justicia, jueces y fiscales, que se convierten en un actor más de la vida pública. ¿Esa relevancia y seguimiento social puede ser contraproducente a la hora de los pronunciamientos?

-Cuando se está expuesto a casos mediáticos, la presión social es mayor. Valoro mucho la opinión de las personas, pero hoy en día se opina muy alegremente en materia de Derecho porque parece asequible. Toca creer en tu trabajo y ejercerlo honestamente. Socialmente, hay que estar por encima de las opiniones para poder trabajar con independencia.

-La mayoría de los denunciantes e investigados en materia de anticorrupción son personajes públicos y conocidos del ámbito político. ¿Cómo consigue uno abstraerse de la opinión previa que pueda tener sobre ellos?

-La formación y el tiempo van curtiendo aunque en los juicios se vivan situaciones dramáticas. En nuestro día a día tenemos que vivir continuamente en esa abstracción, en esa imparcialidad. Las opiniones se quedan en la puerta.

-Personalmente, ¿prefiere el término imputado o investigado?

-Nunca le he dado importancia. El término imputado ha tenido un estigma, como de ir en contra de la presunción de inocencia. Ser imputado es una garantía.

-Pero al final, de la última reforma de la Justicia, parece que sólo nos hemos quedado con ese cambio. ¿Qué otros aspectos considera positivos?

-El aumento de las garantías y derechos de las personas detenidas. Y que se hayan regulado las entradas y registros, hasta ahora regidos por jurisprudencia, o las intervenciones de comunicaciones.

-¿Y sobre los plazos máximos para la instrucción penal?

-Es positivo. Pero para que una reforma de la Justicia sea buena debe ir acompañada de los medios adecuados para llevarla a cabo. Si no, se queda a mitad de camino.

-En su día se quedó sobre la mesa dar potestad a los fiscales para instruir causas...

-Es un debate permanente. A escala europea funciona así, con la instrucción por parte del Ministerio Fiscal. En España, para dar ese paso falta una reforma importante, con una fuerte inversión económica, de medios y personal.

-¿En el resto de Europa funciona así?

-Estuve de intercambio en Viena un mes. Los fiscales llevan la instrucción y hasta la organización de sus despachos es diferente a la nuestra en base a favorecer el trabajo de la Fiscalía.

-De aplicarse, ¿qué reportaría la instrucción de los fiscales a las causas?

-En las causas importantes hay coordinación con los jueces. Aunque tomar un caso desde el principio hasta redactar el escrito de acusación daría una visión de conjunto. La instrucción sería más coordinada y coherente. Con la especialización de los fiscales y la coordinación con los jueces y policía, nos acercamos bastante. Esa coherencia, sin tenerla por Ley, intentamos en la práctica que funcione.

-Antes hablábamos de plazos. ¿Cuán importante es la resolución rápida de un asunto de corrupción para los investigados?

-Hacen perder eficacia a la pena. Puede darse el caso de que un alcalde, cuando llega una condena por inhabilitación ya haya dejado el cargo. La agilidad es importante para garantizar la eficacia de las condenas y su aplicación.

-¿Cree que los dirigentes políticos recurren a la Justicia con demasiada facilidad para tratar de desacreditar al contrario?

-Sí. Lo pienso de los políticos y también de los ciudadanos. El derecho penal parte de un principio de intervención mínima. Y, sin embargo, a veces tengo casos sobre la mesa de personas que se han caído en la calle por una alcantarilla y ponen una denuncia por lo penal. Se utiliza muy alegremente.

-Como sociedad, ¿nos falta educación judicial? ¿Denunciamos mucho?

-Sí. Mejorar la mediación sería fabuloso. La frase de más vale un mal acuerdo que un buen pleito tiene un fundamento real. También por los costes que supone para la administración y lo que ralentiza las causas importantes.

-El trabajo de los fiscales de anticorrupción no está exento de quejas. Le hablo de críticas como las vertidas al fiscal o al juez de casos como el de los ERE, cuyos autos o pronunciamientos han sido tachados de oportunistas. Como fiscal, ¿qué impresión le producen esas críticas que, en suma, cuestionan la separación de poderes?

-Hay libertad de expresión y opinión. Pero respeto el trabajo de mis compañeros. Se opina muy libremente sobre un trabajo muy complicado como el de los compañeros que llevan casos como los ERE, Gürtel o Nóos. Hay que esperar a su resolución.

-¿Qué opina de los jueces y fiscales que entran en política? Por ejemplo, Margarita Robles.

-Si tras un tiempo en una profesión, deciden que pueden aportar algo positivo, lo veo bien. El retorno tras la política sí es más delicado. Puede dar lugar a suspicacias.

-¿Y usted? ¿Estaría dispuesta a colgar la toga por la política?

-No. Soy una fiscal muy vocacional. Me gusta mi profesión y me hace muy feliz.