La Fiscalía Provincial de Cádiz ha ratificado la solicitud de declaración del concurso de acreedores de la empresa pública municipal GAMA de Los Barrios como quiebra culpable y coincide con el administrador concursal en señalar a tres exalcaldes socialistas de la localidad (Alonso Rojas, Ángeles Ariza y Juan Montedeoca) como responsables de la deriva económica de la mercantil.

Además, el Ministerio Público amplía el número de consejeros para los que solicita diversas penas de inhabilitación para la administración de bienes ajenos por su supuesta participación en ilícitos mercantiles y también por su supuesta implicación en la pérdida de las fincas de La Gertrudis, aunque matiza -generalmente a la baja- las condenas propuestas previamente en el escrito de calificación por el gestor judicial de la empresa. Son las principales conclusiones del informe emitido por el fiscal a finales de julio a instancias de la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, que instruye la causa, al que ha tenido acceso Europa Sur.

La Fiscalía se adhiere a la conclusión de que Gestión Agropecuaria y Medioambiental de Los Alcornocales (GAMA) presenta un saldo deudor con sus acreedores de 65.032.332,43 euros generados desde prácticamente el inicio de su actividad, en el año 1999, como consecuencia de la gestión llevada a cabo por el consejo de administración controlado por el Partido Socialista y por el Ayuntamiento de Los Barrios, como reveló Europa Sur en una serie de informaciones publicadas a principios del mes de julio. Ahora, el Ministerio Público interesa la condena para los miembros de aquellos consejos de administración considerados administradores de derecho y también estima cómplice al Ayuntamiento barreño (al igual que el administrador concursal) de la quiebra de la mercantil.

Además, a la vista de la operación de reconocimiento de deuda favorable al empresario Pedro Castillo (dueño de la sociedad Iglesias Peral, SL) en detrimento del resto de acreedores y que supuso la pérdida de las fincas La Gertrudis, el fiscal plantea que respondan del perjuicio, conjunta y solidariamente, los consejeros responsables que adoptaron el reconocimiento de la deuda, entre los que se incluye a Eduardo Cabezas, José Antonio Álvarez y Javier Grimaldi (exconcejal de Polígonos en la etapa socialista). Según el informe de incidencias del administrador y las conclusiones del fiscal, la merma patrimonial provocada a la masa activa de GAMA fue de 22.973.873 euros. En este caso, exime de responsabilidad pecuniaria por esta decisión del consejo (en abril de 2011, poco antes de las elecciones municipales) a Camilo Lara y Fernando Gutiérrez, dado que se abstuvieron.

Al margen de este apunte, la Fiscalía Provincial de Cádiz pide en su escrito para los administradores condenas de inhabilitación para la gestión de bienes ajenos en una horquilla que va desde los tres años a los diez, mientras que el escrito de calificación del gestor nombrado por el juzgado las pedía de cinco a quince años, aunque no especifica persona a persona sobre cuáles de los cinco supuestos ilícitos mercantiles detectados en el concurso.

Según el informe, el Ministerio Público solicita que se condene a siete años de inhabilitación para la gestión de bienes ajenos a los tres exalcaldes socialistas barreños Alonso Rojas, Ángeles Ariza y Juan Montedeoca. Ello supone una rebaja de más de la mitad para Rojas y Montedeoca (para los que el gestor judicial pedía 15 años) y un aumento de dos años para Ariza (para quien pedían cinco años en el escrito de calificación). Los tres, como regidores de la Villa, tuvieron el cargo de presidentes de GAMA.

Las penas de inhabilitación más elevadas propuestas por la fiscalía son para los miembros del consejo de administración Eduardo Cabezas y José Antonio Álvarez, diez años para ambos, lo que supone una rebaja de cinco respecto al informe del administrador (que reclamaba quince). Así mismo, el fiscal incluye por primera vez en el concurso de GAMA y solicita diez años de inhabilitación para el exconcejal socialista de Polígonos Javier Grimaldi, quien consta como consejero de la empresa ante el Registro Mercantil.

No es la única incorporación al listado elaborado en la petición del fiscal, donde también se interesan inhabilitaciones por espacio de siete años para los miembros del consejo de administración Camilo Lara y Fernando Gutiérrez. Así mismo, para Francisco Fuentes se solicita a la juez la misma condena, lo que supone tres años menos que la petición del administrador (10).

Por último, el fiscal rebaja la petición de condena para la socialista Pilar Olivares, vicepresidenta de GAMA, de quince a seis años; mientras que para Félix Salas, el último de los consejeros, queda fijada en tres años (en lugar de los cinco estimados por el administrador).

El fiscal -al igual que el administrador concursal- considera que en GAMA hubo cinco vulneraciones de la Ley Concursal: generación y agravamiento de la insolvencia; alzamiento de bienes; falta de llevanza de la contabilidad; no formalización de las cuentas anuales e incumplimiento del deber de la solicitud del concurso. Los dos últimos suponen, según la Ley Concursal, dolo o culpa grave en situaciones de quiebra empresarial.

Una vez planteadas estas peticiones, el Ministerio Fiscal reclama que se aporten al juzgado como pruebas la documental aportada a las actuaciones en la solicitud del concurso, el informe definitivo del administrador concursal y toda su documentación anexa, en especial la relativa al reconocimiento de deuda de La Gertrudis. De cara al proceso judicial y emisión del fallo, recuerda que también ha lugar a la aceptación de cualquier prueba -testifical o documental- de los afectados por el procedimiento para ejercitar su derecho a la defensa.