Así es el real decreto aprobado por el Gobierno de España que reducirá las llamadas de spam en tu móvil

Las llamadas llegan siempre en el peor momento: a la hora de la comida, en plena jornada laboral o cuando por fin suena el teléfono y esperas que sea algo importante. Pero no. Es otra oferta eléctrica. Otra propuesta para “mejorar tu tarifa”. Otra insistencia para cambiarte de compañía.

Ese goteo constante tiene fecha de caducidad. El Consejo de Ministros del pasado 10 de febrero ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, una norma que prohíbe de forma tajante las llamadas comerciales no solicitadas de las comercializadoras de electricidad.

La medida estrella del nuevo real decreto es clara: las comercializadoras no podrán realizar llamadas comerciales a los hogares si no existe un consentimiento y una solicitud expresa por parte del consumidor. Se acabaron las llamadas “en caliente”.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha subrayado que la norma prohíbe las llamadas telefónicas no deseadas para ofertar contratos o hacer publicidad, salvo que el cliente haya autorizado de forma inequívoca ese contacto.

Además, todas las llamadas deberán ser grabadas y estar disponibles para el consumidor. En caso de contratación, la empresa tendrá que enviar las condiciones de manera clara, sencilla y con tiempo suficiente para que el usuario pueda comparar alternativas y decidir qué modalidad se ajusta mejor a sus necesidades.

Cuatro meses de adaptación y un aluvión final

Las comercializadoras disponen de cuatro meses desde la aprobación del real decreto para adaptarse a la nueva regulación. Un plazo que, según denuncian asociaciones de consumidores, podría traducirse en un aumento de la presión comercial antes de que la prohibición sea plenamente exigible.

Las llamadas de spam se han convertido en una de las comunicaciones más molestas para los ciudadanos. Interrumpen, incomodan y, en un contexto de fraude creciente, generan sospecha

No es casual. Los historiales de llamadas de muchos ciudadanos están literalmente atiborrados. La sensación de invasión es generalizada y la desconfianza ha crecido al calor del auge del phishing y de las estafas telefónicas que suplantan identidades empresariales.

A pesar de la regulación previa, el fenómeno no había desaparecido. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 72% de los ciudadanos ha recibido llamadas comerciales en el último año. Por su parte, Facua señala que casi un 37% de los consumidores recibe más llamadas comerciales no consentidas.

Desde 2023, la Ley General de Telecomunicaciones ya establece que es ilegal contactar con usuarios sin consentimiento previo, salvo que la llamada sea necesaria para cumplir un contrato. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la aplicación y el control eran insuficientes.

El nuevo real decreto pretende cerrar esa puerta en el sector eléctrico, uno de los más activos en captación telefónica.

Qué llamadas sí podrás recibir

En paralelo, el Gobierno continúa avanzando en la identificación de llamadas comerciales mediante prefijos específicos y numeración diferenciada para atención al cliente, en línea con la normativa vigente. Solo podrán realizarse llamadas comerciales con numeración geográfica o desde prefijos 800 y 900.

Con la regulación actual, los usuarios podrán recibir:

• Llamadas con prefijo nacional.
• Números que empiecen por 800 o 900.
• Números especiales reservados para llamadas comerciales con aprobación expresa del usuario.

¿Y si el spam continúa? Esto puedes hacer

Si pese a todo las llamadas persisten, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recuerda que existen mecanismos de defensa.

El primero es inscribirse en un sistema de exclusión publicitaria como la Lista Robinson. No obstante, esta inscripción no impide que una empresa contacte si eres cliente o si previamente has dado tu consentimiento.

Ahí está una de las claves: revisar con atención qué se firma y qué casillas se marcan al aceptar promociones, concursos o descuentos. Ese consentimiento puede revocarse en cualquier momento solicitándolo a la entidad responsable del tratamiento de datos.

Si nada de esto funciona, el consumidor puede presentar una denuncia ante la propia AEPD.