El PSOE de la Mancomunidad recurre el contrato de abastecimiento de agua de La Línea por considerarlo lesivo

El PSOE en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha interpuesto este viernes un recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno del pasado 10 de octubre que aprobó, con el voto de calidad de la presidenta (por empate), el pliego de cláusulas administrativas, prescripciones técnicas e informe de viabilidad del contrato de abastecimiento de agua potable de La Línea por considerarlo lesivo y contrario a Derecho.

Los socialistas sostienen que el expediente no fue sometido a los informes preceptivos y obligatorios del Consejo Consultivo. "La inexistencia de ese informe del Consejo Consultivo, que debe preceder al acto de aprobación, debió suponer la suspensión de la resolución del expediente en tanto no se reciba, por lo que entendemos procede que el acuerdo tomado por el equipo de gobierno en función del voto de calidad de la presidenta sea declarado nulo de pleno derecho”, según la portavoz del socialista, Lucía Trujillo.

El escrito solicita la revocación del acuerdo plenario y se inicie un nuevo procediento acorde a la normativa para la licitación y adjudicación de contratos del sector público.

El recurso apunta que la ley de contratos del sector público mantiene entre sus objetivos una “mayor transparencia”, así como conseguir una mayor relación calidad-precio en la contratación pública. Para el PSOE, el proceso seguido en la Mancomunidad no cumplió con estos criterios. "En el pleno del 10 de octubre, el contrato del abastecimiento de agua potable de La Línea se definió como una concesión de servicios y se establecía la obligación del concesionario de ejecutar obras de mejoras en la red de abastecimiento por un importe total de 8 millones de euros, generando un desequilibrio económico durante los primeros cuatro años que hace inverosímil pensar que cualquier empresa pueda hacer frente a ello, a no ser que se trate de una empresa con suficiente capacidad financiera”, según el PSOE.

Los socialistas sostienen que el servicio generará un flujo de caja negativo durante 24 de los 25 años de la adjudicación y que las obras, con un plazo de amortización a 25 años, serán "finalmente financiadas por los ciudadanos y resulten a coste cero para la empresa".