Francisco Mena reprocha al Parlamento Europeo que ignore el “problema social de fondo” del narcotráfico en el Campo de Gibraltar

El presidente de Nexos y de la plataforma Alternativas lamenta que el informe de los eurodiputados se centre en la vertiente policial y olvide la exclusión y la falta de oportunidades que alimentan el negocio de la droga en la provincia de Cádiz

El Parlamento Europeo plantea que agredir a policías sea un “eurodelito” y critica al Gobierno español por la muerte de dos agentes en Barbate

Francisco Mena, ante los medios en el Ayuntamiento de Algeciras.
Francisco Mena, ante los medios en el Ayuntamiento de Algeciras. / Andrés Carrasco

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas, Francisco Mena, ha lamentado este miércoles que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya “obviado” en su informe final las medidas sociales necesarias para mitigar el “problema estructural” que sufre el Campo de Gibraltar y, por extensión, la provincia de Cádiz, a causa del narcotráfico.

En declaraciones a Europa Press, Mena ha valorado algunos puntos del documento de conclusiones elaborado por la misión de eurodiputados que el pasado mayo visitó Algeciras y Barbate para conocer de primera mano las condiciones de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operaciones contra el narcotráfico y el control migratorio.

El dirigente ha reconocido que hay recomendaciones con las que coincide plenamente, como la propuesta de considerar la lucha antidroga una profesión de riesgo o la de tipificar las agresiones a los agentes como “eurodelitos”. No obstante, ha advertido de que “el problema del narcotráfico no se soluciona única y exclusivamente con medidas policiales”.

“Es un asunto mucho más profundo —recordó—. En esta comarca existe una realidad de exclusión social y una falta de oportunidades que empuja a muchos jóvenes a buscar en la economía del narcotráfico una salida rápida”.

"Ver a decenas de personas jaleando a los presuntos narcos debería hacernos reflexionar sobre qué lleva a una parte de la población a normalizar el crimen"

Mena ha recordado que, durante la visita de la delegación europea, las asociaciones y entidades sociales trasladaron la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva más amplia. “Ellos han tenido la oportunidad de reflejar en su informe algo más que la parte policial, pero han dejado fuera la raíz social del problema, que es muy importante”, insistió.

Como ejemplo de esa fractura social, Mena aludió a los vídeos que se hicieron virales tras la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate el pasado febrero, cuando fueron embestidos por una narcolancha. “Ver a decenas de personas jaleando a los presuntos narcos debería hacernos reflexionar sobre qué lleva a una parte de la población a normalizar el crimen. Eso no se arregla solo con leyes más duras”, advirtió.

Vídeo de la persecución a una narcolancha en Barbate en la que han muerto dos guardias civiles

El activista ha subrayado que el Parlamento Europeo “ha perdido una ocasión para profundizar en las causas estructurales” del problema. Entre ellas, ha citado la cercanía con Marruecos, principal vía de entrada del hachís a Europa, y la pobreza crónica que afecta a muchos municipios gaditanos. “Somos la primera provincia en índices de paro, marginalidad y exclusión social, y eso no se puede obviar”, recalcó.

En cuanto a las propuestas del informe —que no tiene carácter vinculante— sobre la protección de los agentes, Mena considera que deben abordarse dentro de “un marco europeo de obligado cumplimiento” para los Estados miembro.

Además, ha vuelto a reclamar que la provincia de Cádiz sea reconocida como zona de especial singularidad, una medida que el movimiento asociativo antidroga viene reivindicando desde 2018. “Ese debe ser el primer paso mientras avanza el proceso legislativo europeo, que sabemos que llevará tiempo”, apuntó.

El informe de la Comisión de Peticiones fue aprobado este martes con 18 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, y no se elevará al pleno del Parlamento Europeo, ya que no se trata de una resolución formal, sino de las conclusiones consensuadas por los eurodiputados que participaron en la misión del pasado mes de mayo.

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