Familias de presos andaluces en Marruecos alzan la voz y reclaman al Gobierno que agilice su traslado a España

Un grupo de familias andaluzas con parientes encarcelados en Marruecos ha iniciado una campaña pública para reclamar al Gobierno que agilice su traslado a prisiones españolas. Aseguran que llevan meses —y en algunos casos años— intentando completar los trámites para que los internos puedan cumplir sus condenas en España, tal y como contempla el acuerdo bilateral vigente entre ambos países.

La iniciativa ha ganado visibilidad en redes sociales después de que Inmaculada, una madre onubense natural de Punta Umbría y portavoz de varias de estas familias, publicara este sábado, 7 de marzo, un vídeo en TikTok dirigido al Ejecutivo español. En la grabación, que se ha difundido ampliamente, pide que se escuche a los familiares y que se aceleren los procedimientos administrativos.

“Soy una mamá de un preso en Marruecos y hago este vídeo con el fin de llegar al Gobierno español para que nos ayude a todas las familias con presos en Marruecos y agilice los traslados a España”, afirma en su mensaje. En el mismo vídeo subraya que las familias no cuestionan las condenas impuestas. “No vamos en contra del Gobierno marroquí ni de las administraciones españolas allí. Lo único que pedimos es ayuda burocrática para mover los papeles de los detenidos y que puedan cumplir su condena en España”.

Según explica, el objetivo de los familiares es que los presos españoles puedan continuar su pena en cárceles españolas, lo que permitiría mantener un contacto más frecuente con sus allegados. “No se va a dejar nunca de luchar. Seguiremos hasta cumplir nuestro objetivo: el traslado a España”, asegura.

Cuatro años de espera desde La Línea

Entre los casos que ilustran esta situación se encuentra el de S. F., vecino de La Línea de la Concepción, que cumple una condena de ocho años de prisión en Marruecos por un delito relacionado con el narcotráfico. Según relata su esposa, el linense lleva ya cuatro años y tres semanas encarcelado.

La familia sostiene que el preso ya ha superado más de la mitad de su condena, un requisito que en muchos casos facilita el inicio del procedimiento de traslado al país de origen. Sin embargo, el expediente continúa pendiente de una resolución definitiva por parte de las autoridades marroquíes.

Familias de otras localidades gaditanas, como Sanlúcar de Barrameda o Chipiona, se encuentran en circunstancias similares y se han sumado a las reclamaciones para que el proceso avance.

La versión de la administración penitenciaria marroquí

Ante las denuncias difundidas por algunos familiares, la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción de Marruecos ha emitido recientemente una aclaración en la que responde a las críticas sobre las condiciones de detención y el proceso de repatriación.

Según el organismo, el caso afecta a diez presos españoles condenados por tráfico internacional de drogas: siete se encuentran en la prisión local de Tetuán y tres en la cárcel de Tánger 2. La institución confirma que los internos han presentado solicitudes para ser trasladados a España, aunque subraya que la decisión final sobre esas peticiones no depende de la administración penitenciaria.

La Delegación también rechaza que existan condiciones “inhumanas” en los centros donde se encuentran los reclusos y asegura que reciben atención médica cuando la necesitan, además de alimentación y alojamiento conforme a las normas del sistema penitenciario marroquí. Asimismo, señala que las visitas familiares se gestionan mediante una aplicación electrónica y que los consulados realizan visitas periódicas a los presos.

Un sistema penitenciario bajo presión

El sistema penitenciario marroquí lleva años enfrentándose a un problema estructural de hacinamiento. Organizaciones como el Observatorio Marroquí de las Prisiones han advertido de que el espacio medio disponible por interno ronda los 1,73 metros cuadrados, menos de la mitad del mínimo recomendado por Naciones Unidas en celdas colectivas.

Para aliviar esta presión, Marruecos ha comenzado a introducir penas alternativas a la cárcel para delitos menores, como brazaletes electrónicos, trabajos en beneficio de la comunidad o multas que sustituyen días de prisión. Las autoridades esperan que estas medidas reduzcan el número de internos y acerquen el sistema a los estándares internacionales, aunque reconocen que su aplicación será gradual y desigual según las regiones.