Cuando el 14 de marzo España entró en un ignoto periodo de confinamiento forzado por la situación sanitaria, las empresas de todos los sectores se acogieron a los expedientes de regulación de empleo temporal como la fórmula para hacer frente a la fuerte caída de ingresos, cuando no paralización total de su actividad. Esto provocó una avalancha de ERTE, la inmensa mayoría bajo la figura de expedientes por fuerza mayor derivada de la Covid-19, que ya tiene una cifra de balance en el Campo de Gibraltar: desde el inicio del estado de alarma la Junta de Andalucía, administración competente al respecto, ha tramitado 3.050 ERTE de empresas de la comarca, con 10.830 trabajadores afectados.

Ese es el dato de la gestión realizada a contrarreloj durante el confinamiento para hacer frente a la salida masiva de trabajadores de sus empresas. Administraciones y agentes sociales coincidieron en abogar por impulsar los ERTE como fórmula de evitar despidos masivos ante un frenazo en seco de la economía y eso se tradujo en la presentación ante la Delegación territorial de Empleo en Cádiz de más de 13.000 expedientes, un 23% del Campo de Gibraltar. El número de trabajadores registrados ante la Junta de Andalucía (el dato final puede variar, puesto que se presenta ante el Servicio Público de Empleo Estatal) fue de más de 63.000 en toda la provincia, un 17% de ellos del Campo de Gibraltar.

La catarata de ERTE ha afectado a todos los sectores, empezando por la hostelería y el comercio no alimentario, que se vieron obligados a cerrar sus puertas desde el primer día del estado de alarma. Construcción, venta y reparación de vehículos o los servicios sociosanitarios también acumularon un buen número de expedientes. Más tarde llegaría el que se está aplicando en estos momentos en Acerinox, que afecta a toda la plantilla (más de 2.000 personas) y ya no es de fuerza mayor, sino derivado de la caída de la demanda global de acero.

Una parte de los empleados afectados por ERTE han ido volviendo al trabajo durante la desescalada y con la entrada en la nueva normalidad. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, 1,4 millones de trabajadores del total de 3,4 millones afectados por regulaciones de empleo en todo el país se han reincorporado ya a sus puestos.

Desde la Consejería de Empleo se ha destacado durante todo el proceso el esfuerzo desarrollado por los funcionarios para la aprobación de los ERTE (la Junta de Andalucía tramita el expediente, mientras que el pago de la prestación corresponde al Gobierno central). En el caso de Cádiz, un equipo de un centenar de personas de distintos departamentos ha estado trabajando para resolverlos con celeridad; el delegado territorial, Alberto Cremades, destacaba hace unas semanas su “profesionalidad, implicación, vocación de servicio público y saber hacer, que están dando como fruto una alta resolución de expedientes”.

La Administración autonómica tiene previsto poner en marcha una nueva plataforma telemática que agilizará la gestión de estos expedientes en esta nueva fase, en la que se ha ampliado la vigencia de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y se impulsa la conversión de estos expedientes en otros por causas objetivas (técnicas, organizativas, económicas y de producción).