Los enganches ilegales de luz se dispararon en 2023: Endesa detectó dos al día en el Campo de Gibraltar
FRAUDE ELÉCTRICO
El fraude eléctrico crece en la comarca un 10% en el último año y los casos relacionados con plantaciones de marihuana un 3,6%
En relación al volumen de población, La Línea concentra el mayor número de expedientes
La compañía se sirve de la inteligencia artificial para detectar consumos anómalos en la red
La Policía Nacional desmantela una enorme plantación de marihuana en El Saladillo, en Algeciras
Las plantaciones ilegales de marihuana consumen al año la misma electricidad que unas 700.000 personas
El fraude eléctrico detectado por Endesa en el Campo de Gibraltar, los conocidos como enganches ilegales en la luz, ha crecido un 10% en el último año y los relacionados con plantaciones de marihuana un 3,6%.
A lo largo de 2023, e-distribución, la filial de redes de la compañía, desmanteló 2 fraudes al día en los ocho municipios de la comarca, lo que se tradujo en 690 expedientes y un total de energía defraudada de 4,8 GWh, un 64,5% más que en 2022.
Según los últimos datos que Endesa ha ofrecido a Europa Sur, las localidades campogibraltareñas que acumularon más infracciones fueron Algeciras (296), La Línea (203), San Roque (98), Los Barrios (43), Jimena (29) y Tarifa (21). Aunque, en relación al volumen de cada población, con datos del INE del pasado año, La Línea se lleva la palma de los casos a causa del gran número de construcciones ilegales.
La compañía eléctrica advierte que los enganches ilegales suponen una grave amenaza para la seguridad de las personas y genera importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.
"La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Suponen un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro a los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores", ha señalado José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.
Plantaciones de marihuana
En el Campo de Gibraltar, la energía recuperada en los fraudes vinculados a plantaciones de marihuana en el interior de edificios, conocidas como indoor, ha sido de casi 0,2 GWh en 2023 a raíz de dos casos descubiertos en La Línea y otros dos casos en San Roque.
La potencia de la iluminación necesaria para activar la fotosíntesis de estos cáñamos es muy elevada. Con el objetivo de aumentar la producción, los cultivadores han perfeccionado un entramado de tecnología de última generación formado por reflectores, transformadores, cuadros eléctricos, balastros, aires acondicionados, ventiladores, radiadores... Y todo "chupa" una cantidad ingente de luz y energía.
En España los expedientes por enganches ilegales a la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas en las que opera e-distribución han aumentado cerca de un 70% en los cinco últimos años, y la energía recuperada en estos expedientes ha crecido un 83% en el mismo periodo.
Cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas con lo que el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro en zonas con elevado porcentaje de fraude es evidente.
Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente al consumo de Sevilla en un año. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica.
Estos enganches generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan a todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados.
La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por "verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal", según los datos del ministerio del Interior, supone además un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que deben actuar encapuchados para evitar su identificación y desarrollan su labor con acompañamiento policial.
La IA como herramienta esencial
En el último año, e-distribución ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las Fuerzas de Seguridad para desmantelar cultivos indoor, una colaboración que se refuerza con el intercambio continuo de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, ya que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos.
Ante esto, Endesa ha subrayado que el uso de la inteligencia artificial y el empleo de nuevas tecnologías se han convertido en herramientas "esenciales" para combatir un fraude "cada vez más profesionalizado y en el que existe una alta tasa de reincidencia tras la que subyace una percepción de escaso riesgo económico y una legislación más laxa que en otros países de nuestro entorno".
En España la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como un delito leve con pena de multa a diferencia de países como Francia, Alemania, Portugal o Italia, donde se considera un delito "grave" que "puede acarrear pena de cárcel".
Notificar posibles fraudes
Endesa recuerda que la colaboración ciudadana también resulta crucial para luchar contra este delito. Los ciudadanos pueden informar de manera anónima a su compañía distribuidora si sospechan que se está cometiendo fraude en su entorno.
Los clientes en el área de distribución de Endesa pueden escribir al correo electrónico anomalias@enel.com, llamar al teléfono gratuito 800760220 o rellenar un formulario en la web de edistribucion.com.
Durante el año pasado, a través de estas vías se registraron 55.000 denuncias que permitieron realizar 21.260 inspecciones en la red.
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