Un empresario de Sevilla que es dueño de una sociedad de eventos está en prisión provisional y así va a permanecer por tiempo indefinido porque la Audiencia Nacional, a pesar de la insistencia de su abogado en pedir su libertad, lo considera un importante miembro de una presunta organización criminal que opera en España y Portugal y que se dedica a introducir hachís y cocaína a través de "embarcaciones de distintos tipos" por el Estrecho de Gibraltar. El investigado, que lleva un año y medio en la cárcel, era precisamente el encargado de conseguir los barcos en los que se transportaba la droga, según las autoridades.

Así consta en un auto fechado a finales de diciembre en el que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia desestima el recurso del supuesto narcotraficante contra el auto del 7 de diciembre de 2022, del Juzgado Central de Instrucción número 2, que ratificó la decisión de mantenerlo en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acordada el 9 de julio de 2021.

La investigación atañe en primer lugar a un "pesquero reconvertido" de bandera holandesa en el que varias personas fueron sorprendidas el 17 de noviembre de 2020 en el puerto deportivo de La Línea de la Concepción (Cádiz) realizando labores de mantenimiento, cargando combustible y colocando un grupo electrógeno "bajo las instrucciones" del investigado. La embarcación navegó por las costas de Marruecos antes de fondear en el puerto portugués de Portimao, donde fue fiscalizada por la policía.

El 5 de abril de 2021, otra nave en cuya adquisición participó el investigado zarpó desde Puerto Banús (Málaga) a Marruecos con la señal de identificación apagada para no ser rastreada. El 18 de junio fue abordada por la policía, que la trasladó a Huelva y comprobó que llevaba 420 fardos con unos 13.440 kilos de hachís. La carga fue valorada en 26,6 millones de euros.

El investigado participó en la venta de un barco donde fueron hallados 13.400 kilos de hachís

En su apelación, el abogado del presunto narco critica que la Audiencia Nacional no responde a sus alegaciones previas y "se limita a decir que no han variado las circunstancias tomadas en consideración para acordar la prisión provisional". También cita que su cliente ya lleva dieciocho meses en prisión provisional, lo que "supone una cuarta parte de la condena" que se le podría imponer, lo que "junto a su arraigo y la carencia de antecedentes penales hace inexistente el riesgo de fuga", añade.

En este sentido, recuerda que el investigado "es español, tiene domicilio conocido en Sevilla, donde reside con su esposa e hijos menores, uno de ellos de corta edad al que apenas conoce". "Todo su entorno familiar y social se encuentra en España, mayoritariamente en la provincia de Sevilla. Ha cotizado más de veinte años en nuestro país y tiene una empresa de eventos con beneficios acreditados. Su esposa ocupa un cargo de gestión en una cadena hotelera de Sevilla", agrega. Y como carece de antecedentes, "no existe riesgo de reiteración delictiva ni de obstrucción a la justicia", asegura.

Además de prever que el juicio "no está cercano", el letrado también habla de "múltiples contraindicios que desvirtúan la incriminación" del procesado. Por ejemplo, que los investigadores pidieron el 8 de junio de 2021 que no se le interviniera más el teléfono "porque desde abril no había tenido contacto" con el resto de investigados. O que otro procesado reveló en julio de 2022 que había encontrado el anuncio de venta de una de esas embarcaciones en Milanuncios y que "no conocía de nada" al empresario ni a la ONG propietaria de la nave. "El hecho de intermediar entre la ONG y el otro investigado para la compraventa no supone actividad delictiva alguna", defiende el letrado.

En último lugar, el recurso denuncia el "agravio comparativo" respecto a otro investigado que ni siquiera pasó por prisión a pesar de que el juez instructor lo considera el "financiador" de la supuesta organización de narcotráfico. "Es una discriminación injustificada", critica el abogado, que solicita la libertad provisional y el establecimiento de "las medidas de control que se consideren pertinentes".

Los investigadores, por el contrario, están convencidos de que el empresario es "un directivo de segundo nivel de la organización que se dedica a gestionar la adquisición de embarcaciones, su reparación y equipamientos". Los delitos por los que puede ser acusado son pertenencia a organización criminal y contra la salud pública-tráfico de drogas en cuantía de notoria importancia y con la agravante de extrema gravedad por utilización de buque como medio de transporte específico.

Para la Audiencia Nacional sí existe riesgo de fuga "por la gravedad de la pena" que puede recaer sobre él y porque ocupa "un cargo directivo dentro de la organización", de modo que podría aprovechar su eventual libertad para destruir pruebas "por su capacidad para acceder a ellas por sí o a través de terceros". Para eso o para "cometer otros hechos delictivos", teniendo en cuenta que su presunta actividad ilegal "se ha mantenido a lo largo del tiempo".

Cinco meses después del dictado de ese auto que ahora recurre la defensa, la Audiencia mantiene que "este tiempo no puede considerarse excesivo" y que la medida de prisión provisional "no es desproporcionada", más bien al contrario, "dada la gravedad de los hechos, el despliegue de medios materiales y personales empleados para su comisión y la cantidad de droga incautada". Según los magistrados, ni el arraigo familiar y laboral ni la ausencia de contactos con otros investigados disminuyen "la subsistencia del riesgo de fuga" y las "facilidades" que podría tener para "ocultarse y ponerse fuera del alcance del órgano judicial encargado del proceso".

La Audiencia Nacional también recuerda que el investigado fue procesado el 1 de julio de 2022 y que la prisión provisional fue ratificada tanto el 29 de agosto como el 27 de septiembre del mismo año. "El tiempo transcurrido no introduce una variación sustancial en la situación a la hora de valorar el riesgo de fuga. Siguen estando presentes la amenaza de imposición de elevadas penas y la posibilidad de que el recurrente encuentre amparo en la organización para ponerse fuera de alcance. Y continúan siendo de poca eficacia previsible las medidas alternativas que se proponen", sentencia la Sala.